Dr. Frederic Borràs
Frederic Borràs, presidente del Consejo Asesor de Morera Asesores & Auditores y académico de número de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), aborda en el artículo «Luces y sombras en el ‘caso Celsa'», publicado en el periódico económico «Expansión» el pasado 5 de noviembre, la reciente sentencia sobre la conocida compañía siderúrgica, que aparta de la propiedad a la familia Rubiralta, desde el punto de vista del nuevo derecho preconcursal. Un caso que el experto compara con la expropiación de Rumasa, de la que se han cumplido 30 años y cuyos flecos aun cuelgan en los juzgados españoles, si bien en aquel caso la decisión fue estrictamente gubernamental, no judicial.
«El Juzgado de lo Mercantil de Barcelona ha concluido que, en base a los informes de los peritos, el valor de Celsa es de entre 2.400 millones y 2.800 millones de euros, y debido a que está por debajo del importe de su deuda establecido en 3.988 millones, reconoce el derecho de los acreedores a quedarse con la compañía. Según promulga el nuevo derecho preconcursal establecido en la ley 16/2022, cuando se ha producido una situación de impago, el simple hecho de que el valor de la compañía esté por debajo del importe de su deuda obliga a reducir el capital a cero, perdiendo los accionistas toda su inversión, suscribiendo la ampliación los acreedores con parte de sus créditos», expone Borràs.
Sin embargo, el académico señala que en este caso, la empresa puede ser capaz de generar flujos de caja suficientes para atender el servicio de deuda, ya que su deuda no proviene de pérdidas, sino de la adquisición de empresas en varios países de Europa en el marco de su estrategia empresarial de formar un grupo europeo en el sector siderúrgico, buscando sinergias y repercusión de costes en un ámbito más amplio. Asimismo, Borràs apunta la trascendencia de los cambios que comporta la reforma introducida por la citada ley 16/2022 para evitar una situación en la que un alto porcentaje de concursos terminaban en liquidación y con resultados poco favorables para los acreedores y asegurar la conservación de las empresas viables.
«Hemos escuchado tantas veces en nuestro país hablar de la necesidad de dotar a nuestras empresas de un mayor tamaño, de los beneficios de la internacionalización etc., por lo que llama la atención que la empresa familiar catalana que más lejos ha ido en seguir este camino, consiguiendo una facturación superior a los 6.000 millones de euros y un número de empleados superior a 10.000, sus accionistas se vean desposeídos de su inversión y truncado su proyecto empresarial por querer aplicar aquello que se dice hay que hacer pero a lo que pocos se atreven. El apoyo que las administraciones han realizado, entiendo que hay que interpretarlo en este sentido y que ahora se ha visto interferido por la decisión judicial que aparta a los accionistas de la sociedad, con el consiguiente impacto en sus órganos de gobierno. Además, no deja de resultar sorprendente que los actuales acreedores, unos fondos de inversión que han comprado la deuda con quitas importantes, no apliquen dichos descuentos a la deuda de Celsa», argumenta Borràs.
Borràs es miembro del Consejo Global de la Asociación para el Crecimiento Corporativo, la principal comunidad de profesionales dedicados a las fusiones, adquisiciones y crecimiento corporativo a nivel internacional. Recientemente fue reconocido como miembro de honor de IECnet, una de las principales firmas internacionales de auditoría, asesoramiento fiscal y consultoría después de una larga y exitosa trayectoria en la firma, donde ocupó durante ocho años una silla en su Consejo de Administración y la Presidencia de la Práctica de Auditoría. El académico trabajó durante casi cuatro décadas en la firma KPMG, donde llegó a ser socio encargado de las oficinas de Barcelona, Girona, Palma y Andorra. Entre sus cargos institucionales, el académico es presidente de honor del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña.
