El Dr. Jaume Antich, durante su intervención en el X Encuentro Académico Internacional de la RAED
Jaume Antich, secretario general del Colegio Internacional de Abogados Penalistas y académico de número de la Real Academia Europea de Doctores (RAED), apeló a una actualización del Derecho Penal Internacional ante la irrupción de la inteligencia artificial en la ponencia «Inteligencia artificial generativa: máquinas que deciden», que presentó durante el X Encuentro Académico Internacional que la Real Corporación celebró entre los pasados 15 y 20 de marzo en diversas ciudades alemanas bajo el título genérico «El Rin como corriente del conocimiento: diálogos transfronterizos». Para el experto jurista, si bien la responsabilidad sigue siendo humana, también lo es cada vez más organizativa.
«La expansión de la inteligencia artificial, los sistemas autónomos y la toma de decisiones algorítmica plantea un desafío profundo al Derecho Penal: cómo atribuir responsabilidad cuando la acción se diluye entre máquinas, personas y organizaciones. Frente a propuestas que apuntan a la responsabilidad del algoritmo o a soluciones basadas en el mero resultado, considero que el verdadero problema no es tecnológico, sino dogmático y organizativo. La inteligencia artificial no actúa ni decide penalmente, pero sí reconfigura el riesgo y amplifica sus efectos, especialmente en contextos empresariales complejos. Ante esta realidad, la responsabilidad penal de las personas jurídicas ofrece la respuesta más sólida y garantista para perseguir, prevenir y detectar delitos cometidos mediante sistemas automatizados. Al centrar la imputación en defectos de organización y en la gestión del riesgo algorítmico, el Derecho Penal puede afrontar los retos de la inteligencia artificial sin renunciar a sus principios fundamentales, reforzando al mismo tiempo la función preventiva del Compliance penal», resumió el ponente su intervención.
El experto incidió en que la respuesta no pasa por atribuir responsabilidad penal a los algoritmos, sino por reforzar la responsabilidad de las personas jurídicas, ya que la IA no actúa ni decide en sentido penal. Aunque sus sistemas son cada vez más autónomos y opacos, estas herramientas siguen siendo instrumentos creados, implementados y supervisados por seres humanos dentro de estructuras organizativas, especialmente empresariales. El verdadero desafío, consideró, es dogmático y organizativo: cómo imputar responsabilidad cuando la toma de decisiones se fragmenta entre diseñadores, programadores, directivos y operadores. Cuando una empresa implanta sistemas de inteligencia artificial sin mecanismos suficientes de auditoría, supervisión humana, validación de datos o corrección de errores, asume un riesgo penalmente relevante. Ese fallo organizativo, y no la decisión del algoritmo, es lo que puede fundamentar su responsabilidad penal.
El académico señaló que son estas empresas las que deben implementar evaluaciones previas de riesgos, trazabilidad de decisiones, auditorías periódicas y controles humanos efectivos. La ausencia de estas medidas puede convertir un sistema tecnológico en un instrumento del delito. Frente a la opacidad algorítmica y la fragmentación de la autoría, el autor advirtió del peligro de diluir el principio de culpabilidad, porque el Derecho Penal no puede renunciar a su exigencia de reproche personal y normativo, ni siquiera ante la complejidad tecnológica. «La IA intensifica y multiplica los riesgos, pero no los crea de la nada: son las decisiones humanas y organizativas previas las que los generan», concluyó.
Antich ingresó en la RAED el pasado noviembre con el discurso «La responsabilidad penal de las personas jurídicas ante la Corte Penal Internacional. Una nueva oportunidad para retomar el desafío», en el que ya abordaba estas cuestiones, defendiendo la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ante la Corte Penal Internacional al considerar que el actual modelo, centrado exclusivamente en individuos, resulta insuficiente para abordar los crímenes más graves del siglo XXI, en los que empresas y corporaciones transnacionales pueden tener un papel determinante y doloso. Más allá de la inteligencia artificial, el experto jurista apuntó a los nuevos escenarios globales, entre los que destacó los desastres medioambientales y los conflictos armados con implicación corporativa, que exigen revisar y ampliar ese marco jurídico.
El académico es profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde imparte asimismo docencia en el Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura, y ha dirigido numerosos trabajos de fin de grado y de máster. También es profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, ha sido subdirector del Máster de Justicia Penal Internacional del Colegio Internacional de Abogados Penalistas y la Universidad Rovira i Virgili y también es profesor del Máster de Compliance del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Abogado en ejercicio desde 2003, es director de su propio despacho en Barcelona, especializado en Derecho Penal, Derecho Penal Internacional y Corporate Compliance. Es miembro de honor del Consejo Superior Europeo de Doctores y Doctores Honoris Causa, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal y miembro de la Asociación Española de Compliance, entre otras organizaciones profesionales.
A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos institucionales, como los de presidente y vicepresidente del Grupo de Abogados Jóvenes y los de secretario de la Sección de Compliance y de la Comisión de Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, entre otros. Es autor de numerosas publicaciones científicas, ha participado como ponente en más de medio centenar de congresos nacionales e internacionales y colabora habitualmente como experto en diversos medios de comunicación. Sus líneas de investigación giran en torno al Derecho Penal Internacional, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el Compliance. Acaba de ser designado presidente de la Comisión de Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.
