Montserrat Casanovas, catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona, vicepresidenta de la Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección y de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas y académica de número de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), publicó el pasado 2 de febrero en el diario «Cinco Días» el artículo «A vueltas con los objetivos (y defectos) de la tasa Tobin», en el que presenta los pros y los contras del proyecto de ley sobre Transacciones Financieras (LTT), aprobado recientemente por el Consejo de Ministros para su tramitación.
Dra. Montserrat Casanovas
La académica presenta el nuevo impuesto indirecto que marca esta ley para gravar las transacciones financieras onerosas de acciones representativas del capital social de sociedades españolas admitidas a cotización en un mercado regulado español o de otro Estado de la Unión Europea o en un mercado de un país tercero considerado equivalente, con un valor de capitalización superior a 1.000 millones de euros. «La cuantía del impuesto se determina aplicando a la base imponible un tipo impositivo del 0,2%. El impuesto se devenga en el momento de liquidación de la operación y el sujeto pasivo es el intermediario financiero que ejecuta la operación», explica Casanovas.
El principal objetivo de este nuevo impuesto es aumentar los ingresos públicos con el fin de consolidar las finanzas públicas. El Gobierno, de hecho, ha estimado un aumento de la recaudación anual en torno a 850 millones de euros. Si bien la académica también pone sobre la mesa los previsibles efectos negativos del impuesto. «A mi entender, debería preocuparnos que la implantación de este nuevo tributo produzca también impactos negativos, tanto para los inversores como para el propio mercado bursátil y para los intermediarios financieros», señala.
«Desde el punto de vista del mercado, a corto plazo podría reducir el volumen de operaciones en acciones y, en consecuencia, disminuiría la liquidez de estos valores. Y desde el punto de vista de los intermediarios financieros, se producirá un aumento de los costes administrativos derivados de la liquidación, información y documentación del tributo», concluye Casanovas.
