Dra. Teresa Freixes
Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta de la organización internacional Citizens pro Europe y académica de número y vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores (RAED), analiza la actualidad política y judicial española en los artículos «El factótum» y «La inmunidad del Tribunal Constitucional», publicados los pasados 17 y 18 de abril, respectivamente, en el diario digital The Objective y en el diario «La Razón». La experta jurista aborda en el primero la figura y el actual papel que juega en el Gobierno el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y, en el segundo, el papel de los magistrados del Tribunal Constitucional, que si bien gozan de inmunidad en el ejercicio de sus funciones, para la vicepresidenta de la RAED deben velar por la legitimidad de su función, así como su propio prestigio y el del estamento judicial.
En «El factótum», Freixes bromea con el rol que ha asumido el expresidente. «Les sirve para todo, para las relaciones con China y con Venezuela, para negociar referendos en Cataluña… A este paso, nómbrenle factótum, cesen a medio Gobierno y todo eso que nos ahorraríamos…». Aunque detiene su reflexión en las negociaciones que Rodríguez Zapatero mantiene en Bélgica con el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont para convocar un referéndum legal sobre la independencia de Cataluña. Una consulta que para la experta, en cualquier caso, no se ajusta ni a la Constitución española ni a los dictámenes y Código de Buenas Prácticas de la Comisión de Venecia de la Unión Europea.
Tribunal Constitucional
«No cabe duda de que la segregación de una comunidad autónoma, aunque se la trate con eufemismos, es un asunto de especial trascendencia política y constitucional que compete a toda la nación. Y no contiene, nuestra Constitución, disposición alguna reguladora o autorizadora de la autodeterminación, o como quieran llamarla, de una parte del territorio español, lo cual se sitúa muy lejos de lo que se desprende de las negociaciones en las que está inmerso nuestro factótum. Lo cual constituiría, además, como ha sido repetidamente señalado, una discriminación evidente, por romper de manera flagrante la igualdad de derechos y oportunidades, creando privilegios inasumibles. Para que ello pudiera darse conforme a derecho sería necesario reformar previamente la Constitución, tal como ha establecido el Tribunal Constitucional al declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la ley de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, denominada del Referéndum de Autodeterminación. Si, además, buscan en la sede electrónica de Naciones Unidas la página web dedicada a la autodeterminación, encontrarán a los territorios que están en proceso de autodeterminarse y, entre ellos, no verán ni la más mínima referencia a Cataluña», argumenta.
Por otra parte, en «La inmunidad del Tribunal Constitucional», la presidenta de Citizens pro Europe se refiere a la independencia del alto tribunal y de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, que deberá pronunciarse sobre la ley de Amnistía por los hechos relacionados con el proceso independentista de Cataluña. «Los miembros del Tribunal Constitucional, tanto los magistrados como su presidente, han de ser conscientes de que, aunque es posible que resulte muy difícil exigirles efectivamente responsabilidades legales, es la legitimidad de su función y el prestigio de sus miembros lo que está en juego. No es solo la legalidad el elemento a valorar, puesto que los tribunales europeos establecen la necesidad de apariencia de legitimidad funcional para que la sociedad mantenga la confianza en las instituciones», considera Freixes.
