Francisco Fonseca, doctor en Derecho, ha ingresado como académico de número de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED) durante una solemne ceremonia que se ha celebrado este jueves, 3 de octubre, en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid. El acto se ha podido seguir tanto de forma presencial como en streaming a través del canal de YouTube de la RAED, donde puede visionarse. El recipiendario ha leído el discurso de ingreso «El Estado de derecho en la Unión Europea: de un valor político a su dimensión financiera», en el que analiza las consecuencias económicas a las que hoy en día se limita el coste de atentar contra el respeto a las reglas democráticas por parte de los estados miembro del espacio europeo. Le ha respondido en nombre de la Real Corporación el académico de número y vicepresidente de la Junta de Gobierno Aldo Olcese.
El nuevo académico ha expuesto la sinuosa historia de la construcción política de la Unión Europea y de un corpus jurídico propio, que se ha topado con la necesidad de intervenir ante gobiernos de sus propios socios que han atentado, de una manera u otra, contra su propio Estado de derecho y, por ende, contra el de la propia Unión. «La Unión Europea ha decidido abordar los ataques al Estado de derecho desde el ángulo de sus consecuencias financieras. Se atribuye a Napoleón la expresión ‘la economía es el nervio de la guerra’. Y en ello se centran las medidas más potentes que se han desarrollado hasta ahora desde la Unión para defenderse de los ataques al Estado de derecho. En este sentido la adopción del llamado mecanismo de condicionalidad presupuestaria en diciembre de 2020 ha supuesto un antes y un después en cuanto a las capacidades de acción de la Unión para sancionar las violaciones nacionales al Estado de derecho con un procedimiento detallado y muy gravoso para el estado infractor», ha señalado el experto.
Para el nuevo académico, si bien este mecanismo estaba concebido como garantía de los intereses financieros de la Unión y no como protección del Estado de derecho, ha abierto la vía para sancionar a estados en los cuales la independencia del funcionamiento de la justicia, la no existencia de mecanismos adecuados para hacer frente a la corrupción o una inadecuada separación entre los poderes y competencias no garantizan ni la seguridad jurídica ni la adecuada utilización de los fondos financieros de la Unión. Se trata de un mecanismo que se utilizó por primera vez en diciembre de 2022 frente a Hungría y sobre el que ahora se articulan rigurosas medidas de evaluación y control.
El recipiendario ha acabado su intervención citando el estudio que los juristas Friedrich Erlbacher y Katarzyna Herrmann publicaron recientemente en la obra colectiva «70 años de Derecho de la Unión Europea» publicada por la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea con el título «Valores fundamentales de la Unión Europea: de los principios a las obligaciones jurídicas»: «Los valores de la Unión Europea son los principios estructuradores que todos los actores en la Unión se esfuerzan por alcanzar tratando de diseñar políticas coherentes y con visión de futuro. Estos valores importan porque orientan la acción para promover y reforzar este modelo de gobernanza en un contexto geopolítico caracterizado por la adversidad, la multipolaridad y el debilitamiento general de la concepción liberal de la sociedad».
«Se necesita un arma de última instancia allí donde ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni la condicionalidad presupuestaria, ni el Mecanismo del Estado de Derecho del que dispone la Unión pueden llegar si fallan todas las fases preventivas, de evaluación y de recomendación. Y esto no es una exigencia maximalista, es una exigencia para evitar la involución del proceso de integración política europeo desafiado como nunca hasta ahora tanto interna como externamente», ha concluido el nuevo académico.
Fonseca es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Valladolid, donde también ejerce como director de su Instituto de Estudios Europeos, y profesor de Derecho Europeo en la Universidad CEU-San Pablo, investigador del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas y presidente del Movimiento Europeo en Castilla y León. Ha ejercido como funcionario en destacadas instituciones europeas y ha dirigido la Representación de la Comisión Europea en España. Sus líneas de investigación académica son el derecho institucional de la Unión Europea, las cuestiones financieras en el ámbito internacional y europeo y el Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia.
