Eva Poptcheva, eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y académica numeraria electa de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), reflexiona sobre la negociación entre el Gobierno de España y el de la Generalitat de Cataluña, liderado por Esquerra Republicana, un nuevo régimen fiscal específico en el marco de la negociación para la formación de un nuevo gobierno autonómico en el artículo «Manual de instrucciones para romper un país», publicado el pasado 13 de julio en el diario digital The Objective. Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Barcelona, Poptcheva es articulista habitual de este medio, en el que aborda asuntos de política nacional e internacional.
Para la analista, crear fracturas fiscales en un mismo estado supone un sinsentido que puede acarrear además problemas con la justicia europea. «El Gobierno de Pedro Sánchez rompe la igualdad entre los españoles por su interés político. Da igual cuando lea esto. En esta ocasión el objeto del sacrificio es el sistema de financiación autonómica: una suerte de bote común con el que se financian las prioridades de las regiones, en función de sus necesidades. El Gobierno se ha abierto a negociar con Esquerra Republicana la salida de Cataluña de este sistema común, con el fin de recabar su apoyo para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Sí, el Gobierno de la nación está negociando la investidura del gobierno de una comunidad autónoma. Los que se llenan la boca con la importancia del autogobierno de los supuestos numerosos pueblos y naciones de España son los mismos que se entrometen en sus asuntos de gobierno, troceando, además, la soberanía nacional», inicia su reflexión.
Poptcheva considera que el Gobierno ha puesto en marcha una maquinaria dialéctica para enfrentar a comunidades autónomas de distinto signo político y fomentar el discurso de la necesidad de un pacto específico para Cataluña en un momento en el que todos los estados europeos se encaminan a una mayor armonización fiscal. Para la experta, la solución pasa por un control en la gestión económica de las comunidades. «El problema que tiene Cataluña no es su participación en este sistema, sino el gasto superfluo en quimeras políticas. Buenos ejemplos de ello son el entramado diplomático de embajadas en el extranjero, cuyo gasto se ha disparado un 45% en dos años, o la inversión desmesurada en TV3, que triplica la media de las demás televisiones autonómicas», considera.
La articulista recuerda cómo ya en la década de los 90 del siglo pasado la Comisión Europea puso freno a lo que entonces se dio en llamar «vacaciones fiscales» del País Vasco, una serie de rebajas fiscales que tenían como objeto atraer inversión extranjera. «La Comisión las declaró ilegales por tratarse de ayudas estatales incompatibles con el mercado común. La decisión fue ratificada a posteriori por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, el retraso en la devolución de las ayudas, exigida por la Comisión, dio lugar a una multa de 30 millones de euros a España», concluye.