José Luis Salido, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Barcelona, académico de número y secretario general de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), ha publicado en el último número de la Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, correspondiente a octubre de 2018, el trabajo «Tratamiento de personas, instituciones y colectivos especialmente sensibles en la Carta Social Europea y su regulación en el ordenamiento jurídico español», donde desarrolla el contenido de diversos artículos del documento europeo que instan a la protección y tutela de los menores en relación a su integración en el mercado laboral y traza sus paralelismos con la legislación española y las garantías que ofrece en estos aspectos.

Para Salido, las objeciones que se han puesto a España en los artículos explorados son en su mayor parte de carácter informativo, ya que para el académico resulta imposible realizar un análisis riguroso y objetivo sobre el cumplimiento efectivo de estas recomendaciones sin la existencia de un catálogo cerrado de exigencias concretas para cada artículo que fuera conocido con carácter previo por las partes signatarias. «No se acaba de entender muy bien que el hecho de no aportar a un Informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia datos sobre episodios de estas censurables situaciones, sea motivo suficiente para reprobar la situación en España», considera.

Dr. José Luis Salido

Dr. José Luis Salido

A la vista de leyes estatales y autonómicas y todo tipo de reglamentos y normas sobre la materia, Salido considera que el marco legal y reglamentario español atiende perfectamente las recomendaciones europeas, pese a algunas lagunas puntuales. «Queda pendiente por actualizar por parte del Gobierno la existencia de planes para el tratamiento de los denominados niños de la calle, que aun teniendo una importancia social de primer grado tienen difícil encaje en el ámbito laboral. No obstante, las políticas
sociales de Comunidades Autónomas, diputaciones y municipios tienen programas de asistencia a estos menores».

Aunque estos déficits, para Salido, no dejan de ser puntuales tras las últimas reformas legales. «España dio un paso decidido hacia adelante con la entrada en vigor de la ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, que ha contribuido, sin ninguna duda, a alcanzar en buena medida los estándares propuestos por la Carta Social Europea», concluye el académico.

 

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