Javier Cremades
Presidente de la Asociación Mundial de Juristas (WJA), presidente y fundador de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados y académico electo de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED)
Barranquilla, Colombia
Javier Cremades, presidente de la Asociación Mundial de Juristas, presidente y fundador de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados y académico electo de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), comparte con la comunidad académica la «Declaración de Barranquilla sobre el Estado Constitucional Democrático de Derecho como garante de las libertades ciudadanas y la prosperidad de las naciones», conclusión de la 26.ª edición del Congreso Mundial de Juristas que se celebró entre los pasados 2 y 3 de diciembre en la ciudad colombiana de Barranquilla con la participación del Rey Felipe VI. La cita contó, entre numerosas personalidades de los ámbitos de la política y la judicatura, con la presencia de Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta de Citizens Pro Europe y académica de número y vicepresidenta de la RAED.
Esta edición del Congreso Mundial de Juristas llevó por título genérico «Estado de Derecho: desarrollo para las naciones» y se distribuyó en 35 mesas redondas en las que juristas y representantes de instituciones internacionales abordaron el desarrollo sostenible de la humanidad, la convivencia en democracia y la libertad, ofreciendo una visión integral de temas actuales que preocupan a la humanidad y sobre los que el Derecho debe ofrecer su visión.
Declaración de Barranquilla sobre el Estado Constitucional Democrático de Derecho como garante de las libertades ciudadanas y la prosperidad de las naciones
Nosotros, magistrados y jueces, abogados, profesores de Derecho y ejercientes de otras profesiones jurídicas, académicos de disciplinas afines y dirigentes mundiales en los ámbitos políticos, económicos y sociales, procedentes de los cinco continentes, deseando resaltar solemnemente la urgencia actual de renovar el compromiso con la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho en todos los países, y poniendo al servicio de la paz nuestra experiencia y conocimientos personales, nos hemos reunido libremente en la ciudad de Barranquilla (Colombia) los días 2 y 3 de diciembre de 2021, a título personal, en nuestra condición de miembros de la profesión jurídica en sus muy diversas manifestaciones o como líderes políticos y empresariales, o como intelectuales públicos, para manifestar nuestro indiscriminado apoyo a la plena vigencia y garantía del Estado constitucional y democrático de Derecho.
Dr. Javier Cremades
Preocupados por la situación de deterioro de la democracia constitucional que en algunos países del mundo se está manifestando bajo formas de fundamentalismos, populismos o incluso autoritarismos encubiertos con falsas apariencias de democracia, que vienen quebrantar los derechos humanos y la división de poderes, poniendo en peligro cierto la libertad, la igualdad y la cooperación pacífica de los pueblos que se habían logrado en gran parte del planeta en las últimas décadas.
Conscientes de que ese deterioro supone un riesgo cierto para la dignidad de la persona, que sólo la democracia constitucional y su inseparable Estado de Derecho pueden garantizar, así como para la paz y el desarrollo social y económico, que sólo el sometimiento al Derecho puede conseguir y mantener con eficacia y justicia.
Convencidos de que para conjurar esas amenazas no hay otro camino que el de reforzar y mejorar las instituciones políticas y sociales representativas, cuya organización deberá ser fiel a los principios y valores del Estado constitucional democrático de Derecho, y cuya actuación, en el desempeño de sus funciones, deberá estar marcada por la ejemplaridad, y por eso regida por la más estricta ética pública.
Decidimos, en forma unida, recordar ciertos principios fundamentales y proponer medios adecuados para que la paz, el desarrollo sostenible, la democracia, la libertad, la igualdad y el respeto al Estado de Derecho continúen siendo el horizonte de la conducta de los juristas, los responsables políticos y sociales y los ciudadanos. En consecuencia, y como resultado de lo tratado en nuestra reunión, este Congreso Mundial de la World Jurist Association, dedicado precisamente a debatir sobre «Estado de Derecho: desarrollo para las naciones», ha aprobado las siguientes conclusiones.
Primera. Nos unimos a la celebración del treinta aniversario de la vigente Constitución colombiana, que regula un verdadero Estado social y democrático de Derecho. En tal sentido, felicitamos a las instituciones, a los líderes políticos y sociales y a los ciudadanos que, al amparo de esta Constitución, han hecho posible que Colombia, en estos treinta años, superando los desafíos a que ha tenido que hacer frente, haya vivido una etapa admirable de consolidación de su sistema político y jurídico, con un especial empeño en la consecución de la paz basada en los valores de la justicia y de la libertad.
Segunda. Como muestra del apoyo de este Congreso al actual Estado Constitucional y Democrático de Derecho de Colombia, queremos expresar nuestra satisfacción por la alta distinción, el Premio Mundial por la Paz y por la Libertad, que la World Jurist Association ha otorgado a la democracia colombiana en homenaje y reconocimiento a su ejemplaridad.
Tercera. La relación inseparable entre Constitución, Estado de Derecho, democracia y libertad es una de las grandes conquistas de la civilización humana en cuanto que representa la fórmula más racional y segura de limitar y controlar el poder en beneficio de los ciudadanos. En ese sistema, Derecho y Constitución forman un todo, porque sólo a través del Derecho la Constitución mantiene su fuerza de obligar. No puede aceptarse, en consecuencia, que se apele a la democracia por encima del Derecho, ni a la libertad por encima del Derecho, ni a la paz sin el Derecho. De ahí la necesidad de hacer frente a los populismos, nacionalismos y cualquier otro fundamentalismo identitario que, aun escudándose a veces en un falso entendimiento de la democracia o la seguridad, lo que pretenden realmente es destruir la única democracia auténtica y pacífica, en cuanto que jurídicamente garantizada, la democracia constitucional, única forma política que ha probado históricamente su efectividad para lograr una ordenada convivencia basada en el respeto a la dignidad humana.
Cuarta. Tampoco consideramos aceptable que se apele a la salud por encima del Derecho. Es cierto que en los últimos dos años se ha producido una profunda crisis sanitaria mundial con motivo de la pandemia de la Covid-19, que ha conducido a muchos Estados a adoptar medidas excepcionales para combatirla. Pero resulta exigible que esas medidas excepcionales, que los propios ordenamientos jurídicos nacionales permiten adoptar ante situaciones de emergencia de muy especial gravedad, sean proporcionadas y respetuosas con las bases del Estado democrático de Derecho, sin excesos en la limitación de las libertades y sin abolir, aunque sea temporalmente, la división de poderes y los controles políticos y jurisdiccionales sobre todas las decisiones públicas, incluidas las propias medidas de excepción.
Quinta. La sumisión de todos los poderes públicos a la Constitución, la absoluta independencia judicial, la representación política basada en elecciones libres, veraces y transparentes, el pleno respeto al pluralismo político, social, religioso y cultural, la garantía efectiva de los derechos humanos sin discriminación alguna por razones de sexo, edad o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social, sólo pueden ser realidad en el Estado de Derecho. Sin él no hay democracia, ni libertad, ni igualdad porque sin el Derecho ninguna de ellas estaría garantizada. Tampoco sin el Estado de Derecho puede haber, de manera estable y consolidada, progreso social, pues sin la seguridad jurídica son imposibles el desarrollo económico, la estabilidad de las empresas y el libre despliegue de la actividad profesional. Por ello reprobamos las vulneraciones del Estado de Derecho que hoy, lamentablemente, se producen en determinados lugares del mundo.
Sexta. La seguridad jurídica, que es un principio que deben respetar y promover todas las decisiones estatales, en garantía de la igualdad y la previsibilidad de las conductas de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones, es también una exigencia ineludible en el tráfico privado, por lo que resulta indispensable la existencia de unas instituciones de fe pública que presten, con carácter previo a la conclusión de los actos o negocios, la suficiente función coordinada de garantía y control de las transacciones civiles y mercantiles con el objeto de asegurar la veracidad y eficacia de las mismas.
Séptima. Todas las situaciones de dictadura deben de recibir el rechazo de la comunidad internacional, pero también aquéllas que, bajo una mera apariencia de Constitución, no han hecho otra cosa que falsearla, mediante normas y actuaciones que han eliminado las reglas, principios y valores democráticos y, entre ellos, la independencia judicial, verdadera clave del Estado de Derecho. Hoy esas dos realidades se dan, lamentablemente, en algunos países del mundo, en los que, en unos, el Estado de Derecho ni siquiera existe y, en otros, sin haberlo radicalmente eliminado, sí que ha sido totalmente falseado.
Octava. Dado el lugar de celebración de este Congreso y ciñéndonos, pues, al ámbito iberoamericano, queremos denunciar la situación de Cuba, donde el Estado constitucional y democrático de Derecho lleva muchos años sin existir, así como mostrar nuestra especial preocupación porque, sin abolirlo formalmente, se le esté falseando de manera frontal en países como Venezuela y Nicaragua, o se esté corriendo ese mismo riesgo en Perú, Bolivia o El Salvador, entre otros, riesgo que se ha extendido incluso a esa gran nación que es México, donde se está poniendo en peligro la democracia constitucional y su inseparable Estado de Derecho mediante conductas institucionales contrarias a lo que ambas exigencias significan. Por ello solicitamos, por el bien de las sociedades afectadas, que, cuanto antes, se ponga fin a esas criticables situaciones.
Novena. El Derecho es el instrumento indispensable para la paz entre los individuos, los grupos sociales y las naciones. La paz sin Derecho sería una falsa paz pues sólo estaría apoyada en la fuerza. Y la fuerza sólo es legítima si se ejerce conforme a Derecho. La opción en exclusiva por la fuerza, además de eliminar las libertades ciudadanas, sólo puede conducir a una paz sin justicia, que es, de manera execrable, lo que aún sucede en algunos países del mundo.
Décima. La multilateralidad en las relaciones internacionales resulta indispensable para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones y para afrontar con eficacia los problemas políticos, económicos y sociales que afectan a todos los seres humanos. Una multilateralidad que debe tener como agentes a los estados, pero también a las grandes empresas y a las organizaciones no gubernamentales, ya que hoy asistimos a una globalización que no afecta sólo a la política, sino además a los negocios, la cultura y las comunicaciones, y que ha de estar orientada por unos principios éticos para evitar, en una sociedad digital como la presente, los riesgos de desinformación y falsas noticias que pueden distorsionar los mercados, eliminar el conocimiento veraz de la realidad o incluso vulnerar el derecho al honor de las personas o la imagen fiel de los grupos en que se integran.
Undécima. Para que la libertad e igualdad de todas las personas sean reales y efectivas, las garantías formales que el Estado de Derecho ofrece, siendo necesarias, no son suficientes. Es preciso también promover unas condiciones materiales que permitan a la humanidad disfrutar la libertad e igualdad de manera plena, asegurando un nivel de bienestar al que todos tengan acceso, un desarrollo económico sostenible y una vida sana. La exigencia de esas medidas mundiales para asegurar la vida, la dignidad y la prosperidad de todas las personas constituye, precisamente, la finalidad de los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible aprobados por las Naciones Unidas en el año 2015 e incorporados a su Agenda 2030. Ellos convocan a una acción global a la que este Congreso se adhiere.
Duodécima. De entre los diecisiete Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible queremos resaltar el que se refiere a los esfuerzos frente al cambio climático, que es, sin duda, uno de los más graves problemas que hoy afectan a la humanidad en cuanto que pone en peligro no sólo el desarrollo sostenible, social y económico, sino también la subsistencia de la vida en el planeta. El tiempo para poder reaccionar ya se está acabando por lo que se requiere de urgentes remedios. El Derecho constituye uno de los instrumentos esenciales, por su ejecutividad inmediata, para aplicar las medidas necesarias que permitan revertir aquel proceso, por lo que se hace imprescindible que los Estados garanticen y mantengan una legislación estable, fiable y predecible para que los operadores económicos sepan que el uso de los combustibles fósiles tiene que terminar y que las medidas de reducción del CO2 son irrenunciables, con un decidido apoyo a las energías limpias. En la consecución de ese objetivo la acción conjunta público-privada es fundamental, de ahí la necesidad de que los Estados fomenten y garanticen las condiciones para que el capital privado pueda concurrir a este objetivo esencial, reforzando su compromiso y sin merma de la legítima viabilidad de su negocio.
Decimotercera. Por último, debemos advertir que la legitimidad democrática del poder, el respeto al Estado de Derecho y la acción pública favorecedora del progreso social y económico, requieren además de otras condiciones político-sociales para preservar y consolidar la propia democracia, en cuanto que ésta necesita también de la existencia de una cultura cívica que sólo la educación ciudadana, los medios de comunicación libres y responsables y la ejemplaridad de los dirigentes políticos y sociales pueden proporcionar. El mantenimiento de esas condiciones, aunque es tarea que no compete en exclusiva al Estado, sino también a la sociedad, es una responsabilidad que recae, principalmente, en las instituciones públicas y los partidos, como indudables protagonistas del sistema político. A ellos corresponde adaptar sus conductas a la ejemplaridad que la Constitución democrática exige y los ciudadanos demandan. Ese es el camino más seguro para mantener y fortalecer la democracia constitucional. No hacerlo así es también el camino más seguro para que la democracia constitucional se destruya.
