Óscar Morales, socio del despacho Morales Abogados Penalistas y académico de número de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), pide al Tribunal Constitucional que actúe en consonancia con sus resoluciones de amparo en el caso de los ERE de Andalucía y asuma el resto de recursos que se le plantean para superar las cifras actuales, cuando apenas se admite a trámite un 2% de los recursos presentados. El académico, que ya en su discurso de ingreso denunció este como uno de los problemas que afronta la justicia penal en España, es uno de los expertos consultados por el portal especializado Economist & Jurist para la realización de un informe específico sobre el material que firmó el pasado 15 de julio el periodista Luisja Sánchez.
«Según datos del propio tribunal, un 60% de las inadmisiones es porque el jurista no ha sabido identificar el interés constitucional del asunto que se recurre ante el Tribunal Constitucional. Esto ha hecho que prestigiosos catedráticos de Derecho Constitucional estén ahora participando y ayudando a la preparación de esos recursos de amparo, mientras que el Constitucional se ha hartado de decir a esos catedráticos que no saben justificar ese interés del citado recurso de amparo. Al mismo tiempo, hace dos años introdujeron un formulario en la web del tribunal para explicar cómo había que hacer ese recurso. Muchos pensamos que era un insulto a nuestra inteligencia», expone el experto en la publicación.
Para Morales, cualquier recurso de amparo deriva de la lesión de un derecho fundamental del justiciable que es percibida así, y será esa persona quien, a través de un letrado, plantee el problema en cuestión y el interés constitucional del asunto. «El Tribunal Constitucional también está para esto, para admitir muchos de esos recursos de amparo que ahora quedan fuera, en la mayoría de los casos sin ninguna explicación convincente. Que ahora se diga que el Constitucional anula más sentencias del Tribunal Supremo que antes no es una buena noticia. Este tipo de planteamientos genera la sensación de que los organismos jurisdiccionales, tribunales de justicia, audiencias provinciales y el Supremo después de ellos no tienen a nadie. No hay un tribunal de garantías porque no lo van a admitir a trámite. Esa percepción de los tribunales jurisdiccionales de que no hay nadie después les da una mayor libertad para tomar decisiones que se alejan de un respeto a los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, de ahí que se haya incrementado ese número de anulaciones de sentencias al ir al fondo del asunto», añade.
Siguiendo su argumentación en Economist & Jurist, el académico pide la obligada independencia a esta alta institución jurídica, destacando que en el caso de los ERE el tribunal ha revisado a fondo las sentencias. Para que también lo pueda hacer en casos menos mediáticos, pero que pueden ser gravemente lesivos si hay vulneraciones de derechos fundamentales, Morales propone que el Consejo General del Poder Judicial pida una duplicación de recursos en el Tribunal Constitucional que permita que se cuadruplique la admisión de los recursos de amparo. «Que se pase de 12 a 24 magistrados que resuelvan esos asuntos, al igual que el número de letrados que les dan apoyo y que en vez de dos salas se creen cuatro. Se trata de que trabajen realmente como órgano de garantías constitucionales. Hay que revertir el ratio de admisión de recursos de amparo al Constitucional porque no pueden quedar fuera los derechos fundamentales si son vulnerados por terceros», sugiere.
Morales ha sido profesor de la Universidad de Cantabria, la Universidad Autónoma de Barcelona o la Universidad Rovira Virgili, entre otras. Desde 2001 es profesor visitante de la Universidad de los Estudios de Trento y profesor adjunto de la Universidad Ramon Llull. Junto a Fermín Morales, también académico numerario de la RAED; puso en marcha en 2022 el despacho Morales Abogados Penalistas, donde ambos letrados funden su amplia experiencia. Los dos profesionales mantienen la tradición de boutique, como se conoce a los pocos y selectos despachos especializados en un ámbito del Derecho, en su caso el penal, centrando su trabajo de asesoramiento o procesal en clientes de primer nivel, directivos, empresas e instituciones. Gozan de un amplio y reconocido prestigio académico y son autores y directores de algunas de las más importantes publicaciones especializadas, como los «Comentarios al Código Penal» de Fermín Morales y el «Código Penal con jurisprudencia» de Thomson Reuters Aranzadi que realizó Óscar Morales.