Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, académica de número de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED) y fundadora y presidenta de la plataforma Concordia Cívica, ha presentado a la RAED un artículo donde denuncia el argumentario y las pretensiones del Gobierno de la Generalitat en sus políticas independentistas.
«A la espera de que veamos en qué queda el requerimiento que ha sido efectuado por el Presidente del Gobierno español al President de la Generalitat, el secesionismo busca prolongar la situación para, al modo esloveno o, quizás, kosovar, ir poniendo en pie las estructuras de estado y el control del territorio que le permitan, en un tiempo no determinado, afrontar con mayores ventajas la efectividad de una independencia a plazos hasta que pueda ser considerada como irreversible. Lo que constituye un chantaje continuado que no puede ser aceptado en modo alguno», comienza la académica su reflexión.
Dra. Teresa Freixes Sanjuán
Para Freixes, el Gobierno del Estado pierde el tiempo dilucidando sobre si se ha realizado o no una declaración unilateral de independencia por parte del Ejecutivo catalán. «Da vergüenza pensar que alguien puede creer que Cataluña sea una colonia o que España viola sistemáticamente los derechos de los catalanes, por más que se esfuercen algunos en lanzar una imagen de este tipo al exterior. Nadie se los cree ya», prosigue.
La catedrática denuncia cómo el Gobierno y el Parlamento catalanes están siendo suplantados en la toma de decisión por la Asociación Nacional Catalana, Ómnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia, entidades privadas con objetivos propios. «Los hemos visto presentes en reuniones previas a la toma de decisiones gubernamentales importantes y nos preguntamos que con qué legitimidad, puesto que nadie los ha elegido como representantes legítimos y legales», denuncia. En cuanto a la petición de mediación por parte del independentismo, Freixes ve una trampa con el objetivo de legitimar una posición que ha violentado la ley. «La mediación es posible cuando existe buena fe e igualdad de armas y se realiza en el marco de la ley. Nunca, en democracia, entre golpistas y un gobierno constitucional», concluye.
