Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta de Citizens Pro Europe y académica de número y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), concedió al diario «El Mundo» una entrevista que se publicó en su edición del pasado 24 de febrero en la que alerta sobre la influencia del secesionismo en la política española, que considera superior a la de los años del «procés». Para la académica, la aclamada desjudicialización del proceso independentista sólo puede suponer «saltarse la ley haciendo desaparece delitos como la sedición». Esta situación, además, puede poner a España en seria duda ante los tribunales europeos.
«Por una parte, se hace llegar a las instituciones europeas que España respeta al Estado de Derecho, y en general eso es así; pero por otra parte, se cambian las leyes con unos efectos que distorsionan lo que se entiende por Estado de Derecho en la dogmática constitucional. Por otra parte, existe un problema muy difícil de solucionar políticamente por una cuestión jurídica: la distribución que tenemos de escaños por circunscripciones en las elecciones catalanas hace que el voto en las zonas que pueden ser más secesionistas -las rurales- valga más del doble que el voto en las zonas más neutrales o decididamente constitucionalistas. Así, todo este tiempo, con 1/3 del censo electoral el secesionismo ha obtenido una mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña. Cuando se adopta el Estatuto de 2006, este sistema se blinda y para cambiarlo es necesario que lo aprueben 2/3 del Parlamento. ¿Cómo se puede blindar por 2/3 un reparto electoral? En Estados unidos eso fue declarado anticonstitucional y se tuvieron que cambiar las leyes electorales», reflexiona Freixes.
La vicepresidenta de la RAED aborda también el problema del bilingüismo en la escuela catalana, el incumplimiento reiterado de sentencias que obligan a su aplicación efectiva, la renovación del Tribunal Constitucional y la homologación pendiente de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el gobierno de los jueces, a la normativa europea, o el debate feminista, con la ley conocida como del «sólo sí es sí» como elemento paradigmático de un Gobierno que, a su entender, legisla con fines partidistas, en este caso sin ni siquiera tomar en consideración los informes de los expertos alertando sobre las medidas que ha acabado teniendo la ley: 646 rebajas de penas y 65 excarcelaciones de acusados por delitos sexuales. «Es uno de los problemas de legislar por ideología y no teniendo en cuenta las instituciones jurídicas que se están regulando, como que la ley penal es retroactiva. La ley fue aprobada con informes que alertaban de ello. Hay una irresponsabilidad brutal por parte de quienes la han puesto en marcha. Que digan que los jueces son fachas… Creo que ya somos un poco mayores para intentar engañarnos de esta manera», señala.
Por último, explica su experiencia personal por defender la legalidad en medio de la batalla política del soberanismo. «He recibido amenazas, tergiversaciones sobre lo que dices… Si estás en contra del secesionismo… Por decir que los hechos del año 17 fueron un golpe de Estado, ¡anatema! Pero es lo que fue: según la definición de Kelsen: sustituir un régimen constitucional por otro sin seguir los procedimientos legalmente establecidos. Si tú dices eso, tienes que ser apartado del todo, te conviertes en un proscrito en tu propia tierra. Y eso, bueno… es doloroso, porque las consecuencias a veces no son solo para ti, sino también para tu familia. Además, hay otra circunstancia: ETA mató a un hermano mío», concluye.
