Dra. Teresa Freixes
Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta del colectivo Citizens Pro Europe y académica de número y vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), aborda la ley de Amnistía que negocia el Gobierno provisional presidido por Pedro Sánchez y el papel del Tribunal Constitucional en el artículo «Tribunal Constitucional. Realidades y apariencias», publicado en el diario «La Razón» el pasado 23 de septiembre y en una entrevista concedida al portal El Debate, que se publicó el mismo 23 de septiembre bajo el título «Una ley de amnistía supone dejar impune al golpismo y pretender que sus actos no fueron delito».
La experta recuerda en su artículo en «La Razón» que el Tribunal Constitucional, como garante de la constitucionalidad de las leyes y de los derechos de los ciudadanos, debe destacar por su independencia e imparcialidad, lo que implica que no debe estar influenciado por el poder político. Los miembros del tribunal son seleccionados por su prestigio profesional y deben abstenerse de participar en casos en los que tengan conocimiento previo. En este sentido, resulta fundamental que sea percibido como independiente del Gobierno, ya que ello garantiza su legitimidad y confianza por parte de la ciudadanía. Para lograrlo, el tribunal debe ser cuidadoso en su actuación y evitar cualquier tipo de conexión o influencia del poder político.
Que su actual presidente, Cándido Conde-Pumpido, haya ejercido de fiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no parece, sin embargo, garantizar esta independencia. «Los órganos políticos que intervienen en los nombramientos, deberían examinar minuciosamente las candidaturas, para evitar, como ahora sucede con el Tribunal Constitucional español, que varios de sus miembros, al haber tenido responsabilidades gubernamentales o haber ocupado cargos como el de fiscal general del Estado, tengan que abstenerse en todos los asuntos de los que han tomado conocimiento con anterioridad», señala la experta.
Por otra parte, Freixes argumenta en la entrevista de El Debate que una ley de Amnistía a medida de quienes protagonizaron el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 y participaron en los altercados que lo rodearon constituiría una traición al espíritu de la Transición y dejaría impunes los delitos cometidos contra el orden constitucional. Para la reconocida jurista, no existe ningún encaje de una amnistía en el ordenamiento jurídico español y la Constitución no menciona explícitamente este mecanismo. Además, una amnistía en los términos propuestos pondría en riesgo la estabilidad jurídica y el orden constitucional del país y en ningún caso garantizaría que los independentistas renuncien a sus pretensiones.
«Que una ley inconstitucional esté avalada por la mayoría del Congreso de los Diputados no anula su inconstitucionalidad. Que una norma ilegítima esté avalada por la mayoría de la cámara no la transforma en legítima. Que los argumentos de que esa amnistía ayudaría a una mejor convivencia en Cataluña calen en sectores desnortados, por más mayoritarios que sean, no transforma una injusticia en mejora de la convivencia», concluye.
