Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales de Cunef Universidad, del Instituto de Estudios Bursátiles y del Instituto de Empresa-Law & Business School, miembro de la Academia Global y del Consejo Científico del colectivo Citizens pro Europe y académico de número y miembro de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), reflexiona sobre la propuesta de ley de Amnistía presentada por el Gobierno, enmarcada en el pacto de investidura con diversas fuerzas parlamentarias independentistas en el artículo «Amnistía, el poder y no la verdad», publicada en la sección «La Tercera» del diario «ABC» en su edición del pasado 14 de noviembre. Una medida, a su entender, que no persigue otra cosa que el interés partidista y pone en cuestión el Estado de Derecho en España.
«El poder y no la verdad puede destruir la democracia; el poder y no la verdad puede acabar con la libertad y la igualdad como reglas básicas de la justificación racional del estado democrático y la vida de sus ciudadanos. Amnistiar en un estado constitucional como es España desde 1978 y, al parecer se pretende en la pactada ley de amnistía, es, además de una derogación tácita de la Constitución por un Parlamento autoinvestido en asamblea constituyente y solo por mayoría absoluta (al no alcanzar las mayorías cualificadas superiores a la anterior, ni los ritos exigidos para su reforma), un retroceso a un régimen de clases con sus privilegios. Las castas de quienes aluden a ellas en la actualidad para evitar que la ley se aplique a todos por igual. Es caciquismo en un país occidental en el siglo XXI», inicia el académico su reflexión.
Para el experto, una ley así en la España actual significa deslegitimar la Constitución y reconocer que el Código Penal, pese a haber sido aprobado en 1995, contempla la posibilidad de cometer «delitos políticos». «Amnistiar en la España constitucional es impugnar la Constitución de raíz y asumir el relato de sus enemigos internos, que la motejan de instrumento de tortura y represión, que rechazan la existencia de la nación española y su soberanía. Amnistiar a tales condenados significa reconocer ante los ciudadanos y el resto del mundo que España no es un Estado de Derecho. Cuando nuestra Constitución ha establecido un régimen de libertades amplísimo, por el que debe aceptarse que fuerzas anticonstitucionales (sea porque anhelan la destrucción de la unidad nacional o porque sus ideologías son incompatibles con la democracia) estén en el juego político que conduce a alcanzar el poder en las distintas instituciones representativas y ejecutivas de España, siempre y cuando desarrollen su acción por medios pacíficos», señala.
Dr. Daniel Berzosa
Berzosa concluye que una medida de este calado sólo tiene sentido si hay un cambio de régimen dictatorial o autoritario a uno democrático, como sucedió en España en 1977, pero considera una «aberración política y jurídica» hacerlo en el presente. «Nuestra Constitución recoge todos los elementos válidos y vigentes internacionalmente para que un país sea considerado una democracia plena, como son la soberanía en el pueblo, la garantía de los derechos fundamentales, la división de poderes, la libertad de expresión, el derecho de oposición al gobernante, la posibilidad real de alternancia en el poder y la normatividad constitucional como elemento supremo jurídico de la voluntad constituyente del pueblo. Lo que ningún pueblo, lo que ninguna Constitución del mundo puede contemplar es su autodestrucción o su indefensión frente a quien intente destruirlos. De hecho, ahí está la severa advertencia de la Unión Europea sobre la amnistía», zanja
Berzosa es miembro de la Sociedad de Diplomacia y Ciencias Políticas de Estados Unidos, coordinador del Observatorio Internacional de la Regulación de las Entidades del Sector Público de la Universidad de Santiago de Compostela, miembro de los comités organizadores de los congresos del World Law Congress de Cartagena de Indias 2021 y Madrid 2019 y autor de libros y artículos científicos publicados en revistas de prestigio. Es asimismo un reconocido divulgador de temas legales y ciencias políticas en los principales medios de comunicación españoles.
