Dra. Teresa Freixes
Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta del colectivo Citizens pro Europe y académica de número y vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), apunta los diversos aspectos de la acción del Gobierno presidido por Pedro Sánchez que colisionan con la definición de Estado de Derecho que fija la Unión Europea en sus tratados en el artículo «¿Está en crisis el Estado de Derecho en España?», publicado en el diario «El Mundo» en su edición del pasado 1 de diciembre. La académica considera que en el reciente debate del Parlamento Europeo que abordó la situación de España tras la presentación de la propuesta de ley de Amnistía quedaron en evidencia muchos de los indicadores con los que la Comisión de Venecia aborda el examen democrático de los estados miembro.
«La semana pasada tuvo lugar un significativo debate en el Parlamento Europeo acerca de la existencia, o no, de una crisis en el Estado de Derecho en España. Por primera vez, los distintos grupos políticos del Parlamento Europeo confrontaron en el pleno sus opiniones al respecto. Y contaron, además, con una significativa intervención del comisario de Justicia, Didier Reynders, en la que este aseveró que, en el marco de sus atribuciones, iba a estar vigilante acerca de cómo evolucionaría el trámite parlamentario de la controvertida proposición de ley de Amnistía, así como todo aquello que derivara de los pactos de investidura que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había firmado con los distintos grupos que votaron a su favor. En ese debate, contrariamente a lo que el relato oficial mantiene, quedaron en evidencia, es decir, temblando, muchos de los indicadores con los que la Comisión de Venecia aborda el examen del Estado de Derecho», inicia la experta su reflexión.
Para Freixes, en este debate se evidenció que más allá de los incumplimientos puntuales por los que las instituciones europeas ya habían advertido a España, como la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, la falta de adecuación de la elección de sus miembros a los estándares europeos o la excesiva dependencia gubernamental de la Fiscalía, ahora se apuntan cuestiones sistémicas que justificaría una intervención de la Unión Europea, que podría producirse mediante el procedimiento por infracción de valores del artículo 7 del Tratado de la Unión o mediante la vinculación de los fondos europeos al respeto al Estado de Derecho. La vicepresidenta de la RAED apunta, en concreto, el excesivo uso de la legislación de urgencia, la utilización indebida de las proposiciones de ley, su negociación fuera de los órganos parlamentarios, la quiebra de la división de poderes o la vulneración de la igualdad ante la ley y la discriminación que origina una amnistía que prevé perdonar delitos de malversación de dinero público.
«La independencia e imparcialidad del poder judicial han sido también puestas en entredicho. Por unanimidad, todas las asociaciones judiciales y de fiscales han manifestado una rotunda oposición a que comisiones parlamentarias ad hoc puedan verificar si ha existido ‘lawfare’, mediante procedimientos políticos, que nada tienen que ver con el debido control jurisdiccional propio de un Estado de Derecho. Estas comisiones, acordadas en los pactos de investidura, ya están comenzando a ponerse en marcha en el Congreso de los Diputados, intentando generar una especie de amedrentamiento en jueces, fiscales y funcionarios, que han comenzado a ser señalados como objeto de tal sistema de control», concluye Freixes.
