Dra. Teresa Freixes
Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta de la organización internacional Citizens pro Europe y académica de número y vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), aborda la actualidad en varias entrevistas que ha concedido a lo largo de las últimas semanas a medios tan diversos como el periódico «Diario de Sevilla», donde el 9 de julio reflexionó sobre la ley de Amnistía; el programa ES La Mañana de la cadena radiofónica ESRadio, en el que el 15 de agosto criticó los ataques que desde el poder Ejecutivo se vierten hacia los jueces y sus actuaciones, y el diario digital The Objective, donde el 18 de agosto lamentó la escasa formación política y legal de los ciudadanos españoles. Los medios han renovado su habitual interés por la académica a raíz de la presentación de su último libro, «En defensa de la Transición» (Almuzara), en el que aborda lo que considera deterioro institucional por el que está pasando España.
En sus declaraciones para «Diario de Sevilla», la experta jurista considera sin ambages que la ley de Amnistía se tramita mediante lo que se denomina un fraude de ley. «El Gobierno presenta la ley de Amnistía como una proposición de ley, que se entiende que emana del Parlamento -cuando sabemos que no emanó del Parlamento-. Todo ello se hizo para evitar informes técnicos que la cuestionaran. Se podría haber presentado una proposición de ley que estuviese acompañada de dictámenes de órganos cualificados, pero no fue así. En resumen: la ley de Amnistía tendría que haber sido un proyecto de ley o bien una proposición de ley avalada por informes técnicos. Pero no fue ni lo uno ni lo otro. Por lo que considero un fraude de ley el procedimiento legislativo de esta ley», señala.
En The Objective, Freixes critica con argumentos jurídicos las concesiones del Gobierno a las fuerzas soberanistas para conseguir investiduras y mantenerse en el poder. «Si hubo un pacto primero para la ley de Amnistía, no prevista en la Constitución, para lograr la investidura de Pedro Sánchez, ahora resulta que hay un segundo pacto, tampoco previsto en la Constitución y de contenido claramente anticonstitucional, para lograr la investidura de Salvador Illa. Con lo cual estamos modificando el sistema a cambio de esas compras de votos parlamentarios para conseguir investiduras exiguas, es decir, investiduras que no responden a una amplia mayoría, sino que responden a mayorías muy mecánicas. Un poco esas mayorías numéricas de base smithiana a partir de las cuales luego se creen con derecho a imponerse sobre la gran mayoría», considera.
Finalmente, en ESRadio, la vicepresidenta de la RAED aborda la cuestión de la denominada «financiación singular» de Cataluña pactada entre el Gobierno y ERC para la investidura de Illa como presidente de la Generalitat. «Cataluña está situada dentro del régimen fiscal general desde la redacción de la Constitución, y fue así por consenso, ya que en Grupo Catalán de las Cortes Constituyentes consideró que era mejor para Cataluña no tener que recaudar los impuestos. Por lo tanto de se debería reformar la Constitución o hacerlo con subterfugios y por la puerta de atrás. Hablan de federalismo, pero esto no lo es. La igualdad es básica dentro del federalismo, y aquí se está tratando de hacer otra cosa apelando a algo que no existe: el federalismo asimétrico. Aquí se trata de despojar a los poderes centrales de sus competencias, una centrifugación competencial que nada tiene que ver con el federalismo», argumenta.
Tanto en su libro como en sus últimas declaraciones, Freixes se detiene en las injerencias del poder Ejecutivo en el Judicial, y carga fundamentalmente contra las declaraciones de diversos miembros del Gobierno contra los jueces. «Los ataques del poder ejecutivo al judicial no son de recibo, rompen de una manera directa algo básico en un Estado de derecho: el respeto a las resoluciones y a la actuación de los jueces. Existe jurisprudencia del Tribunal Internacional de Derechos Humanos condenando a gobiernos por ello, porque socaba la confianza de los ciudadanos en la justicia, son ataques directos sin argumentos jurídicos, es un ataque muy grave», señala.
