Fermín Morales, reconocido penalista y académico de número de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), reflexiona sobre la amenaza constitucional y para el estado de Derecho que puede suponer la trasposición de la directiva de la Unión Europea 2019/1937 sobre protección jurídica de informantes en el artículo «El anteproyecto de ley de informantes: delación y estado de Derecho», publicado el pasado 13 de abril en el diario digital El Confidencial. Para el académico, lo que se supone un hábil mecanismo en la lucha contra el fraude en su sentido más amplio puede acabar en un abuso de Derecho.
«El anteproyecto de ley diseña la red jurídica de protección que se pretende otorgar a los delatores de infracciones normativas en el marco de la lucha contra la corrupción, que fueren conocidas en un contexto de relación laboral o profesional, tanto en el sector público como privado. Tales altos bondadosos designios comienzan por articularse a través de un régimen jurídico vago e inconcreto, que puede resultar insatisfactorio en atención a las garantías del estado de Derecho», inicia el académico su argumentación.
Para Morales, este anteproyecto de ley dibuja un marco difuso e insatisfactorio, dado el férreo régimen de garantías de confidencialidad y reserva que se va a ofrecer al delator. Además, la confidencialidad que se ofrece al informante se extiende a terceros, así como a todas las gestiones o trámites que se desarrollen a raíz de la comunicación, además de la admisibilidad de cualquier tipo de denuncias anónimas, sin nadie que las respalde. «Se identifica pues una excesiva laxitud en el filtro de control de legalidad de la fuente de obtención de la información que aporta el delator», señala Morales.
«La previsión rezuma vestigios de los edictos de confesión del Santo Oficio, medio para obtener clemencia, pues no en vano las previsiones normativas hablan de la cuestión como vía para obtener un programa de clemencia o la concesión de posibles atenuantes por las sanciones que pudieran llegar a ser impuestas. La curiosidad del jurista se activa aquí por comprobar en el futuro cómo se compatibilizará la figura del informante-auto delator con el estatuto de protección del informante. Se tratará de comenzar a andar por un nuevo sendero que nos ofrece la nueva Edad Media del Derecho penal que nos ha tocado vivir desde hace años», critica el académico con sorna.
Fermín Morales puso en marcha el pasado enero junto a Óscar Morales, también experto en Derecho penal y académico de número electo de la RAED, el nuevo despacho Morales Abogados Penalistas, donde ambos letrados funden su amplia experiencia. Hasta ahora, Óscar Morales ejercía como director de penal del bufete Uría Menéndez de Barcelona. Ambos profesionales mantienen la tradición de boutique, como se conoce a los pocos y selectos despachos especializados en un ámbito del Derecho, centrando su trabajo de asesoramiento o procesal en clientes de primer nivel, directivos, empresas e instituciones.
Ambos juristas gozan de un amplio y reconocido prestigio académico y son autores y directores de algunas de las más importantes publicaciones especializadas, como los «Comentarios al Código Penal» de Fermín Morales y el «Código Penal con jurisprudencia» de Thomson Reuters Aranzadi que realizó Óscar Morales.
