Antoni Gómez, presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña y colaborador habitual de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), aborda en un artículo publicado en «Dinero», el suplemento de Economía del diario «La Vanguardia», la necesidad de que las administraciones españolas sometan sus presupuestos a controles independientes de auditoría para garantizar su rigor y ofrecer una mayor confianza al ciudadano. Aunque la actual legislación no contempla esta posibilidad, algunas administraciones, como el Gobierno de Navarra, han empezado a auditar las cuentas de sus ayuntamientos de más de 9.000 habitantes, de la misma forma que ya lo hacen diversas administraciones estatales, regionales y locales europeas.
“Tanto el Tribunal de Cuentas como los interventores municipales realizan adecuadamente su función. El papel de los auditores es diferente. Nosotros defendemos una auditoria sistemática anual de las cuentas municipales, que redundaría en una mayor transparencia y contribuiría a la confianza de los ciudadanos”, reflexiona el presidente del Colegio en el artículo «A las administraciones les cuesta rendir cuentas». Según los datos del propio Tribunal de Cuentas, el órgano que debe garantizar el rigor de la gestión económica de las administraciones españolas, el grado de incumplimiento en la rendición de cuentas por parte de administraciones locales se ha convertido en un problema.
«En el último ejercicio, correspondiente al año 2021, un 41,38% de los ayuntamientos no presentaron en el plazo requerido sus cuentas y, a día de hoy, un 36,21% sigue sin hacerlo, según los datos del propio tribunal. Estas cifras de incumplimiento, que se arrastran año tras año, son aún más abultadas en el caso de los cabildos y consejos insulares, las mancomunidades y las áreas metropolitanas, los organismos públicos que presentan un mayor grado de incumplimiento. En todos los casos, sin que ello comporte ningún tipo de consecuencia legal», señala el artículo.
El Colegio y la Academia han revalidado el convenio de colaboración firmado por ambas instituciones en el año 2019, que comprometen a ambas partes a celebrar actos científicos conjuntos y a un intercambio de información, tanto interna como externa, y de difusión de las actividades y publicaciones de interés común. El acuerdo contempla, asimismo, que todos los académicos de la RAED sean a su vez miembros del Colegio de Censores Jurados, con todos los derechos que ello conlleva. En el marco de este acuerdo, ambas instituciones celebraron de forma conjunta la Jornada sobre Información no Financiera, que contó con la participación de destacados académicos.