La académica Montserrat Casanovas alerta en «El Periódico» sobre la desincentivación del ahorro que traerá la versión española de la tasa Tobin
Montserrat Casanovas, catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona y académica de número de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), publicó el pasado 20 de mayo en «El Periódico de Catalunya» el artículo «La ley de transacciones, en ‘stand-by’, pero volverá», donde analiza las consecuencias del impuesto en la compraventa de acciones, una suerte de tasa Tobin a la española, especialmente sus efectos sobre la tasa de ahorro, que en España ya es baja. Casanovas es vicepresidenta de la Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección y de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas y una reconocida experta en fiscalidad y ahorro.
La académica inicia su reflexión recordando que la ley de Transacciones Financieras, aprobada recientemente por el Consejo de Ministros, pero aún no en vigor, crea un impuesto indirecto que gravará con un 0,2% las «transacciones financieras onerosas de acciones representativas del capital social de sociedades españolas, admitidas a cotización en un mercado regulado español o de otro estado de la Unión Europea o en un mercado de un país tercero considerado equivalente, con un valor de capitalización superior a 1000 millones de euros». Es decir, grava las transacciones con independencia de las personas físicas o jurídica que intervengan en la operación. Por consiguiente, se evita el riesgo de deslocalización al someter a tributación la compra-venta de acciones independientemente del país de residencia del intermediario financiero.
Dra. Montserrat Casanovas
«El principal objetivo de este nuevo impuesto era aumentar los ingresos públicos con el fin de hacer frente al incremento de los gastos sociales y en consecuencia consolidar las finanzas públicas. Pero la implantación de este nuevo tributo produciría también unos impactos negativos -señala la estudiosa-. Desde el punto de vista de los inversores en acciones, el nuevo impuesto encarecería la operativa en renta variable, ya sea por inversión directa en acciones o indirecta a través de fondos de inversión o planes de pensiones que invierten en renta variable, en unos momentos coyunturales de rentabilidades negativas o muy reducidas en otras alternativas de inversión».
En cuanto a las consecuencias de esta ley en el mercado, Casanovas considera que a corto plazo reduciría el volumen de operaciones en acciones y en consecuencia, disminuiría la liquidez. «Y desde el punto de vista de los intermediarios financieros, se produciría un aumento de los costes administrativos derivados de la liquidación, información y documentación del tributo. Desde el punto de vista macroeconómico provocaría un desincentivo para el ahorro, en unos momentos en que la tasa de ahorro privado español sobre el producto interior bruto es débil, situándose en el 5,4%», zanja.
