Francisco Kerdel, académico correspondiente para Venezuela de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), transmite a los académicos y amigos de la RAED el manifiesto «Las Academias Nacionales a la opinión pública, sobre presos de conciencia y torturas», un documento en el que las academias venezolanas de Historia, Lengua, Medicina, Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Ciencias Económicas e Ingeniería y Hábitat denuncian la existencia de presos de conciencia en su país sobre los que no se cumplen ni las garantías procesales o penales ni las exigencias que recoge la «Declaración Universal de los Derechos Humanos».
«Es nuestro deber expresar su preocupación por informaciones generadas en el Foro Penal, autoridad en materia penal reconocida así por la colectividad internacional, sobre la detención de miembros de la comunidad universitaria, sin seguir los procedimientos estipulados en la Constitución y leyes de la República», inician las academias su manifiesto, enunciando los casos particulares de docentes y alumnos universitarios a los que se refieren.
Las academias venezolanas hacen referencia al «Informe de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y del Panel de expertos internacionales independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela» y a las declaraciones de abogados defensores y organizaciones de prestigio en el ámbito de la promoción y defensa de los derechos humanos, que refieren «la utilización de métodos de tortura extrema en ciudadanos detenidos sin procedimientos ajustados a la ley, inconsistentes con la vigencia del Estatuto de Roma, documento que se especializa en la vigilancia y penalización de genocidios y crímenes atroces y del cual es signataria la República Bolivariana de Venezuela. La tortura se considera un crimen en el Derecho Constitucional e Internacional, destruye la personalidad de la víctima, degrada su dignidad, deja secuelas que se prolongan en tiempo y espacio y es un método opresivo de intimidación y control, expresamente prohibido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos».
