Joaquín Tornos, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, socio director del bufete Tornos Abogados y presidente de la Comisión Jurídica de Fomento del Trabajo Nacional, ingresó el pasado 18 de junio como académico de número en la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña durante una solemne ceremonia que tuvo lugar en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Este acto estuvo presidido por Lluís Jou, presidente de la Academia de Jurisprudencia y colaborador de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), además de hermano del académico de número y presidente de la Sección de Ciencias Experimentales David Jou. En el acto, asimismo, destacó la presencia del también académico de número de la RAED José Luis Salido.
Experto de referencia en Derecho Administrativo, el recipiendario leyó el discurso de ingreso «Derecho e innovación tecnológica. El caso Uber versus taxi», donde abordó con todo el aparato legislativo y las diferentes sentencias que se han sucedido al respecto en este polémico asunto, que aún no ha encontrado una solución unitaria en las diversas ciudades españolas donde opera esta nueva empresa de transporte personal. Le respondió en nombre de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña el académico de número y secretario de esta institución Francisco Tusquets.
Para Tornos, la clave de esta larga y crispada disputa legal entre Uber y el sector del taxi en España radica en el reconocimiento como servicio público por parte de las administraciones de este último. Eso permite que tanto ayuntamientos, como entidades que tienen la competencia de conceder las licencias de transporte personal dentro de sus términos municipales, como los gobiernos autonómicos, depositarios y garantes del Derecho Civil, sean competentes para regular el sector.
No obstante, el nuevo miembro de la Academia de Jurisprudencia argumenta que el derecho no puede defender, en ningún caso, al sector del taxi apelando a un supuesto derecho de exclusividad ni impedir el desarrollo de mejoras en el sector, como lo son las novedades tecnológicas con las que se ha implantado Uber y otras empresas similares en numerosas ciudades de todo el mundo. «El Derecho debe garantizar que las innovaciones tecnológicas se apliquen de forma razonable, ordenando el recurso a las mismas teniendo el cuenta el sector sobre el que se proyectan. En cualquier caso, se deben superar regulaciones sectoriales desfasadas y jurídica y económicamente ineficientes», afirma en su discurso.