Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta del colectivo Citizens pro Europe y académica de número y vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), denuncia en el artículo «Manipulación gubernamental del borrador del informe de la Comisión de Venecia», publicado el pasado 2 de marzo en el diario digital El Imparcial, la maniobra que realizó el Gobierno presidido por Pedro Sánchez del borrador del informe de la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional, ya que el documento fue filtrado a la prensa antes de que tanto la oposición, como solicitante, como el propio Ejecutivo realizasen las enmiendas que considerasen oportunas.
«De una manera pocas veces vista en una democracia y, por desgracia, demasiado habitual en nuestros lares, acabamos de asistir una maniobra insólita de nuestro Gobierno, consistente en la manipulación de un borrador del informe que ha de emitir la Comisión de Venecia sobre la ley de Amnistía y el respeto al Estado de Derecho en España. Sin ningún rubor, y con una palmaria falta de lealtad, el Gobierno ha filtrado a varios medios de comunicación el borrador que este organismo ha enviado a las autoridades españolas dentro del habitual trámite de enmiendas que tiene lugar en el procedimiento de elaboración del mismo», inicia la reconocida jurista su argumentación.
Para la vicepresidenta de la RAED, la Comisión de Venecia no debe valorar la constitucionalidad de la ley, ya que no entra en su competencia, puesto que ello corresponde a los órganos internos del país concernido, pero sí considera que al ser tan controvertida su constitucionalidad, sería bueno que la elaboración de una ley de esta magnitud y trascendencia se adoptara mediante una reforma constitucional. Asimismo, señala que al ser una ley tan importante debería ser adoptada por una amplia mayoría parlamentaria, que no hubiera debido tramitarse con urgencia y que tendría que contar con los Informes técnicos preceptivos.
«Si bien la Comisión de Venecia considera que la reconciliación o la pacificación de un territorio puede ser un objetivo legítimo para adoptar una amnistía, se hubiera tenido que hacer un estudio previo de impacto de la norma, para ver si se cumplía con el principio de proporcionalidad y si se incluían a las personas debidas, puesto que no pueden estas normas adoptarse, según la propia Comisión, en favor de personas determinadas, sino con criterios de interés general. Tampoco ve claro de qué manera afecta la amnistía a los delitos de terrorismo, puesto que establece que no será aplicable cuando exista sentencia firme y, para la Comisión, la etapa procedimental es irrelevante al respecto. Aquí hay que señalar, a mayor abundamiento, que la Comisión ha analizado el primer texto de la proposición de ley, puesto que actualmente está en discusión en el Congreso qué delitos de terrorismo pueden ser amnistiados y cuáles no, aumentando la falta de claridad de la proposición de ley al respecto», concluye Freixes.