Dra. Teresa Freixes
Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta de la organización internacional Citizens pro Europe y académica de número y vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), reflexiona sobre aspectos clave de la actualidad política española en los artículos «El ‘caso Puigdemont’ y el diálogo entre tribunales», que apareció en el diario digital The Objective el pasado 12 de octubre, y «La insoportable levedad de la Fiscalía General del Estado», publicado en el portal Artículo 14 el 29 de octubre.
En «El ‘caso Puigdemont’ y el diálogo entre tribunales», la académica refiere dos sentencias recientes en las que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja claro que el derecho sí puede corregir las decisiones políticas. En concreto, las referidas al acuerdo agrícola y pesquero de la Unión Europea con Marruecos y a la concesión de asilo político a las mujeres afganas que lo soliciten. En esta misma línea, el tribunal ha desestimado el recurso de casación de Carles Puigdemont y Toni Comín, ratificando que no pueden ser considerados diputados europeos. «El Estado de derecho prevalece en todo caso. Del mismo modo que debe prevalecer en el ámbito interno, dado que, recibida la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Puigdemont y Comín centran ahora su interés en lo que pueda decidir el Tribunal Constitucional sobre la inaplicabilidad de la ley de Amnistía, en concreto del delito de malversación, decidido por el Tribunal Supremo español el 30 de septiembre de 2024, ratificado en dos autos separados pese a los recursos interpuestos por las partes, el ministerio fiscal y la Abogacía del Estado«, señala la experta.
Por su parte, en «La insoportable levedad de la Fiscalía General del Estado», Freixes aborda la polémica figura del fiscal general del Estado. «Llevamos varios años con nota negativa en el Informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea con relación al fiscal general del Estado. Considera la Comisión que es necesario garantizar su independencia de los poderes políticos, especialmente respecto del Gobierno, y que sería necesario que su mandato no coincidiera con el de la legislatura. Tales consideraciones han ido cayendo en saco roto, en un saco con cada vez más agujeros, que cuestionan de manera incontrovertible la imparcialidad e independencia que, como instrucción integrada en el poder judicial por expreso mandato constitucional, deberían constituir el frontispicio de su regulación y su praxis», inicia la jurista su argumentación.
Para la vicepresidenta de la RAED, se debería reforzar la independencia del fiscal general mediante algunas reformas en su Estatuto Fiscal y, sobre todo, en un cambio de práctica política. «A pesar de que a quien compete pronunciarse jurisdiccionalmente sobre la existencia o no de delito en la causa abierta por el Tribunal Supremo contra el actual fiscal general, el resto de desafortunadas actuaciones y manifestaciones orales que hemos constatado en tal institución refuerzan la duda razonable existente en torno a si debe o no permanecer en el cargo. Y aquí no cabe el ‘in dubio pro reo’, puesto que es la propia naturaleza y prestigio de la institución lo que está en juego», concluye.
