Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta de Citizens Pro Europe y académica de número y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), alertó sobre el riesgo que suponen para la democracia y el sistema constitucional españoles las políticas que desde las instituciones están tensionando el Estado de Derecho y el espíritu de consenso de la Constitución en la conferencia «Los valores de la Transición», que pronunció el pasado 19 de abril en formato webinar en un acto organizado por el colectivo Asociación Estudiantes de Mundo. La sesión estuvo moderada por la pedagoga y activista Pilar Barriendos.
Para la vicepresidenta de la RAED, las últimas reformas legales que está implementando el Gobierno con el apoyo de diversas formaciones populistas y soberanistas ponen en cuestión los valores con los que España salió de la dictadura, algo que ya ha llegado a poner en alerta a las autoridades europeas, que cuentan con mecanismos para intervenir, como ya lo han hecho en países como Polonia y Hungría. En este sentido, recordó que las instituciones de la Unión Europea ya habían advertido a España por el incumplimiento en temas concretos, aunque ahora considera que lo que está en duda es el cumplimiento sistémico.
Freixes puso como ejemplo las recientes reformas como la ley orgánica del Tribunal Constitucional o la ley orgánica del Poder Judicial. «El trámite correcto para hacerlo sería la presentación de un proyecto de ley al tratarse de normas de gran calado al desarrollar el funcionamiento de órganos constitucionales muy relevantes y, por lo tanto, hay que hacer las reformas con todas las cautelas y con todos los dictámenes previos». Sin embargo, se ha realizado mediante un trámite de enmiendas que considera un fraude de ley, al utilizar el reglamento parlamentario con una finalidad que no es la suya, explicó la académica.
La experta también hizo referencia a la cuestionada ley de Memoria Democrática, que a su entender deslegitima la Transición. El texto contempla que la investigación de los crímenes franquistas por violaciones de derechos humanos alcance hasta 1983, cinco años después de que la Constitución Española fuera aprobada, avalando la ley de Amnistía que permitió avanzar en la reconciliación, a tenor de dejar impunes tanto actuaciones contra los derechos humanos de la dictadura como de los grupos terroristas que operaban en la España de la época.
Contra esta ley han firmado destacadas figuras de la política española un manifiesto que promueve la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, entre los que figuran destacados miembros de UCD, el PP y el PSOE como Joaquín Leguina, Javier Rojo, Juan José Laborda, Julián García Vargas, Julián García Valverde, Javier Sáenz de Cosculluela, José Rodríguez de la Borbolla, Francisco Vázquez, Soledad Becerril, José Manuel García-Margallo, Eduardo Serra, Miguel Arias Cañete, Fernando Múgica Heras, Carmen Iglesias o Manuel Pizarro. El propio expresidente Felipe González señaló públicamente que la nueva ley «no me suena bien».
«No aceptamos que el pacto constitucional sea objeto de una tergiversación injusta y ajena a la verdad histórica. No aceptamos que se considere como periodo sospechoso hasta diciembre de 1983, cuando ya se habían celebrado el referéndum constitucional, tres elecciones generales, dos municipales y varias autonómicas. Nos preocupa que esta sospecha sea fruto de un pacto con Bildu que aún no ha formulado una crítica a los crímenes terroristas», señalan los firmantes del manifiesto.