Dr. Teresa Freixes
Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta de la organización internacional Citizens pro Europe y académica de número y vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), aborda diversos aspectos polémicos de la actualidad política de España en los artículos «¿Quién decide qué es prensa?», que firma junto a la eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y académica numeraria electa de la RAED Eva Poptcheva, aparecido en la edición del pasado 3 de julio del diario «El Mundo», y «Con o sin el concurso del poder legislativo», publicado en el portal The Objective el 14 de septiembre.
En «¿Quién decide qué es prensa?», las dos expertas inician su reflexión recordando la doctrina del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tanto en su articulado como en sus primeras sentencias al respecto en los años 70 del pasado siglo, y las consideraciones del Tribunal Constitucional español en una de sus primeras sentencias, en la que manifestaba sin ambages que la libertad de expresión y el derecho a la información había que defenderlos no solo en favor de la persona que expresa sus opiniones o informa, sino también por el interés general de la sociedad, dado que una sociedad democrática no puede existir sin una opinión pública libre y plural.
«Cuando Pedro Sánchez denuncia una ‘máquina de fango’ de la que dice sentirse víctima y anuncia nueva legislación para combatir la ‘desinformación’, parece que desconoce nuestro ordenamiento jurídico, el del Consejo de Europa y el de la Unión Europea. Nuestras leyes ya poseen mecanismos que protegen la libertad de prensa y el interés general de recibir información veraz, sin ignorar los derechos al honor y la intimidad de las personas afectadas. Lo que ocurre es que precisamente las personas que ejercen funciones públicas, como el presidente del Gobierno o sus ministros, y también su esposa cuando puede estar implicada en asuntos de relevancia, tienen que soportar una mayor intromisión en su derecho al honor», señalan.
Por otra parte, en «Con o sin el concurso del poder legislativo», la vicepresidenta de la RAED recupera esta frase pronunciada por el presidente del Gobierno señalando que ejercerá el poder a toda costa para denunciar lo que considera una fragrante vulneración de la separación de poderes y el Estado de derecho en España. «Estas palabras son lo más grave que he oído (y he oído muchas cosas muy graves en muy distintos lugares) acerca de cómo entiende un presidente del Gobierno que se tiene que gobernar en una democracia parlamentaria», afirma Freixes. La académica suma a estas declaraciones una serie de actuaciones del Ejecutivo que, bajo un criterio jurídico, alteran también en funcionamiento democrático de las instituciones.
«No podemos dejar que se instaure ese poder omnímodo del Gobierno, o de un partido, el que sea, sobre el resto de las instituciones, porque ello provoca una mutación constitucional. Ciertamente, el derecho ha de ser vivo, es decir, tiene que adaptarse a la realidad. Pero ya Georg Jellinek bien advierte que ello no puede hacerse tergiversando lo que las normas disponen, sobre todo las de rango constitucional. Nuestra Constitución se basa en la monarquía parlamentaria y ello implica la centralidad del Parlamento, no su suplantación por el Gobierno. El Gobierno no puede suplantar a la mayoría parlamentaria utilizando subterfugios para poner en práctica una hoja de ruta que el Parlamento rechace, en todo o en parte. Ni aunque lo proclame solemnemente su presidente, como secretario general del partido que lo sustenta, en una reunión del Comité Federal«, concluye.
