Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta de Citizens Pro Europe y académica de número y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), participó el pasado 4 de octubre junto al exministro Rafael Arias-Salgado y el historiador José Varela Ortega en la sesión «La ley de Memoria Democrática, una tergiversación del pacto constitucional», organizada por la Fundación Transición Española. Los tres expertos argumentaron desde el plano político, legal e histórico contra una ley que consideran partidista y parcial cuyo objetivo último es deslegitimar la transición política española. En este sentido, sumaron su voz a la de históricos dirigentes de los principales partidos de este período, incluido el PSOE, que piden su retirada antes de que llegue al Senado.
El principal punto de discrepancia, tanto de los ponentes como de los ya 24 exministros, 57 exdiputados y senadores y numerosos ex-altos cargos del Gobierno que critican el texto, es que contemple que la investigación de los crímenes franquistas por violaciones de derechos humanos alcance hasta 1983, cinco años después de que la Constitución Española fuera aprobada, avalando la ley de Amnistía que permitió avanzar en la reconciliación, a tenor de dejar impunes tanto actuaciones contra los derechos humanos de la dictadura como de los grupos terroristas que operaban en la España de la época. Un período impuesto en la negociación del texto por los diputados de Bildu.
Para Freixes, el redactado de la ley resulta «infantil». «¿Cómo puede saber el legislador qué es democrático y qué no? ¿Por qué la ley no va más atrás en el tiempo, por ejemplo, para revisar, los procesos emprendidos por los llamados tribunales populares durante la Segunda República?», se cuestionó la jurista, señalando a su vez la inseguridad jurídica que implica juzgar hechos de forma retroactiva en un proceso revisionista emprendido, no desde la historia, sino desde el sistema judicial, casi medio siglo después. «Todas las constituciones en España, desde la de Cádiz, han ido contra el otro. La primera vez en la historia en que se acepta que no va a ser una constitución de unos contra otros es en 1978. Todos los partidos políticos participaron por primera vez en su redacción. Sin embargo, la nueva ley pretende desestimar el origen del sistema para deslegitimar el propio sistema», añadió.
Dra. Teresa Freixes
En el acto se presentó la lista provisional de personalidades que se han posicionado abiertamente contra esta ley firmando el manifiesto que promueve la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, entre los que figuran destacados miembros de UCD, el PP y el PSOE como Joaquín Leguina, Javier Rojo, Juan José Laborda, Julián García Vargas, Julián García Valverde, Javier Sáenz de Cosculluela, José Rodríguez de la Borbolla, Francisco Vázquez, Soledad Becerril, José Manuel García-Margallo, Eduardo Serra, Miguel Arias Cañete, Fernando Múgica Heras, Carmen Iglesias o Manuel Pizarro. El propio expresidente Felipe González señaló públicamente que la nueva ley «no me suena bien».
«No aceptamos que el pacto constitucional sea objeto de una tergiversación injusta y ajena a la verdad histórica. No aceptamos que se considere como periodo sospechoso hasta diciembre de 1983, cuando ya se habían celebrado el referéndum constitucional, tres elecciones generales, dos municipales y varias autonómicas. Nos preocupa que esta sospecha sea fruto de un pacto con Bildu que aún no ha formulado una crítica a los crímenes terroristas», señalan los firmantes del manifiesto.
