Dra. Teresa Freixes
Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta del colectivo Citizens pro Europe y académica de número y vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), ha intervenido a lo largo de las últimas semanas en varios espacios radiofónicos para defender la inconstitucionalidad del proyecto de ley de Amnistía a los condenados e investigados por el denominado «procés» independentista y el escrito que 328 juristas, catedráticos de diversos ámbitos, sociólogos y profesionales de primera línea españoles han remitido al Congreso, al Senado y a la Comisión Europea expresando su rechazo a una medida extraordinaria que, a su entender, no tiene cabida en una España democrática que garantiza los derechos y libertades de todos sus ciudadanos.
«Esto no es de izquierdas ni de derechas, es un tema de democracia y de Estado de Derecho, porque no podemos permitirnos que nos lo arrebaten. La constitucionalidad nunca se rige por mayorías, significa respetar los valores, las estructuras, las instituciones y la ley, y el pacto de gobierno que contempla la amnistía no resiste ninguna prueba de constitucionalidad. Sitúa el terreno de la decisión en el populismo, obviando todas las estructuras sociales de toma de decisión. Estos pactos trascendentales se han negociado en un hotel de Bruselas, no en el Parlamento. No podemos estar de acuerdo en que nos rompan la Constitución por la puerta de atrás», señaló la experta en declaraciones al programa «Fin de Semana» de la cadena Cope el pasado 12 de noviembre.
Por otra parte, en declaraciones al espacio «Las Mañanas» de Radio Nacional de España dos días después, la vicepresidenta de la RAED subraya que la única justificación del proyecto de ley de amnistía se debe exclusivamente a las necesidades es que hacen falta siete votos. Tras analizar el contenido del acuerdo pactado entre el PSOE y Junts, Freixes apuntó a su inconstitucionalidad. «En el proyecto hay brochazos bastante gordos de inconstitucionalidad, porque se está cambiando la naturaleza de una institución jurídica en el marco de unos acuerdos que sí afectarán a la vida diaria. No es una ley que se necesita jurídicamente, sin políticamente. Y ante eso no se puede retorcer la personalidad jurídica de las instituciones que marcan las normas de juego de nuestra convivencia. Estas normas deben aprobarse con amplísima mayoría y con la aquiescencia de la oposición, y de esto no se cumple nada», señaló.
Sobre los mecanismos legales que se abren tras la hipotética aprobación de esta ley, Freixes considera que se puede plantear un recurso de inconstitucionalidad en los tres primeros meses posteriores a la entrada en vigor de la ley de la mano de 50 diputados o senadores, aunque esto difícilmente supondría su suspensión, salvo que la propia justicia plantase una cuestión de inconstitucionalidad. Por otra parte, también cabe plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considerando que la ley cuestiona el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que exige el respeto al Estado de Derecho por parte de todos los estados miembros. Una medida que sí tendría un impacto suspensivo.
