Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales de Cunef Universidad, del Instituto de Estudios Bursátiles y del Instituto de Empresa-Law & Business School, miembro de la Academia Global y del Consejo Científico del colectivo Citizens pro Europe y académico de número y miembro de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), reflexiona sobre el papel del Tribunal Constitucional y la independencia judicial en el artículo «El TC, ¿defensor de la Constitución o actor político?», que publicó el pasado 26 de octubre en el diario «Expansión». El académico también participó el pasado 23 de octubre en la sesión «La amnistía, a debate», organizada por el diario digital El Debate, que también contó con la participación del catedrático emérito Enrique Gimbernat y la exsecretaria de la Mesa del Congreso Carmen Navarro.
En su artículo, el académico sitúa el papel de los tribunales constitucionales de los países de la Unión Europea como garante de la democracia y el Estado de Derecho, sobre el que sólo cabe una última y extraordinaria instancia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su independencia y rigor, por lo tanto, deben ser escrupulosos, algo que a su entender no se da en España. «Está claro que, tras la renovación del tercio de magistrados que corresponden al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional ha abandonado sin ni siquiera disimulo su misión de instancia imparcial sólo sometida a la Constitución y a su propia jurisprudencia por el rol de ser un actor político más. En cierto modo, y con razón, se ha dicho que la actividad legislativa no acaba con la aprobación de una ley por el Parlamento o de una disposición normativa con fuerza de ley por el Gobierno. En caso de que se recurra al Constitucional, no será hasta que éste decida cuando la actividad legislativa se haya completado. Esto es, sin duda, lo que ha llevado también a considerar con acierto que los tribunales constitucionales se mueven en un conflicto entre el derecho y la política», argumenta el experto.
Para el jurista, sin alternativa a la jurisdicción constitucional para salvaguardar el Estado de Derecho, que es todo Estado constitucional por su propia definición, si el Tribunal Constitucional falla en la defensa de la Constitución, que es su principal tarea constitucional, el resultado será el deterioro del Estado de Derecho y hasta su destrucción. Sin embargo, para Berzosa, sus últimas sentencias indican que este estamento se está decantando por una interpretación más política que jurídica. «Como ha sucedido con la Sentencia 67/2023, de 6 de junio, respecto del impuesto sobre la renta de las personas físicas y, en particular, como al parecer volverá a suceder ahora con la sentencia sobre el impuesto a las grandes fortunas, el papel y el sentido del Tribunal Constitucional pueden acabar devorados por su querencia hacia la ideología de un determinado signo y, con él, aniquiladas la racionalidad del sistema tributario justo querido por la Constitución para todos los ciudadanos, la autonomía política de las comunidades autónomas, la seguridad jurídica de las personas y los emprendedores generadores de riqueza y, en fin, la democracia en España», concluye.
Por otra parte, en su participación en la sesión «La amnistía, a debate», Berzosa considera que la propuesta de ley de Amnistía fuerza el Estado de Derecho por una cuestión meramente partidista y de interés político, poniendo en duda que España sea una democracia. «Frente a la igualdad que garantiza la Constitución, esta ley de Amnistía supondría imponer la desigualdad, es una vuelta al pasado, al caciquismo, un sinsentido. Se dice que lo que no está prohibido está permitido, pero eso, desde el punto de vista jurídico, es un disparate. Esta ley es una impugnación total de la Constitución y supone decir que en España hay delitos políticos», consideró el experto.
Berzosa es miembro de la Sociedad de Diplomacia y Ciencias Políticas de Estados Unidos, coordinador del Observatorio Internacional de la Regulación de las Entidades del Sector Público de la Universidad de Santiago de Compostela, miembro de los comités organizadores de los congresos del World Law Congress de Cartagena de Indias 2021 y Madrid 2019 y autor de libros y artículos científicos publicados en revistas de prestigio. Es asimismo un reconocido divulgador de temas legales y ciencias políticas en los principales medios de comunicación españoles.