Teresa Freixes participa en un debate internacional sobre los desafíos digitales del Derecho
Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, académica de número y secretaria general de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), participó el pasado 23 de julio de 2019 en la Universidad del Miño de Braga (Portugal) en el Workshop Ibérico «A Carta dos Direitos Fundamentais da Uniao Europeia a luz dos desafios digitais do seculo XXI» (La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a la luz de los desafíos digitales del siglo XXI). El programa europeo JusGov del Centro de Investigación para la Justicia de esta universidad y el Programa Erasmus patrocinaron el evento, dirigido por Alessandra Silveira, directora del Centro de Estudios en Derecho de la Unión Europea de la Universidad del Miño.
En el coloquio se abordaron temas de suma actualidad, desde el derecho al olvido a la transparencia, de los datos como elementos de información a la privacidad, la democracia digital, el concepto de interés público y el respeto a la libre competencia. Profesores de diversas universidades españolas y los del centro organizador pusieron sobre la mesa los principales problemas a que nos enfrenta la era digital global, con todas sus ventajas y todos sus inconvenientes.
Silveira se centró en el denominado derecho al olvido cuando los datos personales se obtienen a través de buscadores como Google. Javier Sanz, de la Universidad de La Coruña, advirtió de que la ley de Universidades española dispone que las notas de los estudiantes sean públicas, aunque sean un dato privado. Pedro Froufe, profesor de la Universidad del Miño, que fue también responsable de datos en su universidad, se centró en la información sobre concursos públicos laborales, aceptando que en determinados casos se puedan dar las informaciones, aunque en otras debe evitarse. Sobre este mismo tema, Joana Abreu, de la misma universidad, explicitó los requisitos para hacer públicas las notas académicas frente a las reivindicaciones de alumnos que pretenden que sólo cada persona pueda tener acceso a sus notas.
Tamara Álvarez, de la Universidad de Vigo, abordó el problema del uso apropiado del lenguaje. En tanto que Ana Carmona, de la Universidad de Sevilla, el uso y acceso a los datos. Sophie Pérez, de la Universidad del Miño, intervino desde Luxemburgo por videoconferencia para centrarse en lo que denomina humanismo digital. Pilar Canedo, de la Universidad de Deusto, que también pertenece a la Comisión Nacional de la Competencia, se refirió a las cláusulas de paridad en las empresas y la utilización de las plataformas informáticas como base de su volumen de negocio. Julia Suderow, también de la Universidad de Deusto, planteó los problemas derivados del Big Data. Felipe de Basa, de la Universidad Rey Juan Carlos, reivindicó una autoridad especializada que pueda garantizar realmente la desaparición de los datos de la red.
Naiara Arriola, de la Universidad de Deusto, abordó los temas de transparencia y democracia digital. Y la magistrada del Tribunal Constitucional de Portugal y también profesora de la Universidad del Miño Mariana Canotilho planteó el problema de la regulación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE para encuadrar los poderes derivados de la democracia representativa en el orden global. Fernando Álvarez, de la Universidad de Sevilla, presentó el debate acerca de la lealtad exigible a instituciones y personas que deban controlar el respeto a los derechos fundamentales.
Por último, Teresa Freixes, planteó los problemas que se producen cuando, a partir de un dato cierto se puede generar una noticia distorsionada en un medio de comunicación. También abordó el conflicto que aparece cuando se desjudicializa la protección de datos, encargando a agencias pretendidamente independientes el control sobre los datos e informaciones, porque las garantías de que la ciudadanía goza cuando son jueces y tribunales quienes intervienen en el conflicto desaparecen frente a órganos administrativos que no operan con base al principio de lealtad constitucional sino que son objeto de interferencias políticas.