Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta de Citizens Pro Europe y académica de número y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), participó el pasado 20 de junio en la sesión conjunta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo que llevó por título «Normas y mecanismos legales en la Unión Europea». Freixes intervino con la presentación «Instrumentos de protección del Estado de Derecho en la Unión Europea». El acto estuvo liderado por los presidentes de ambas comisiones, Maite Pagazaurtundúa y Antonio Tajani, respectivamente, y contó también con la participación de Simona Granata-Menghini, secretaria para la Democracia por el Derecho de la Comisión Europea, entre otros expertos.
La vicepresidenta de la RAED abogó en su intervención por las garantías del Estado de Derecho que deben ofrecer las instituciones europeas a sus ciudadanos en lo que se podrían denominar las «vulneraciones ordinarias», aquellas que, sin tener relevancia política y mediática, afectan de manera más directa a la democracia y, sobre todo, a los derechos fundamentales de los ciudadanos. De ahí que la académica inste a mejorar los actuales instrumentos de protección. Es el caso, por ejemplo, de las órdenes de protección, emitidas por una autoridad judicial de un Estado miembro y que, cuando la persona para la que han sido emitidas se desplaza a otro Estado miembro, deben gozar de una protección equivalente. «No es aceptable que el ejercicio de un derecho, el de libre circulación, origine restricciones en el ejercicio de otro derecho: la tutela judicial efectiva», señaló.
Por otra parte, Freixes se refirió a las euroórdenes, que a su criterio precisan de una mejora en los instrumentos jurídicos que las regulan. «Todos tenemos en mente casos que han hecho correr ríos de tinta y ocupado importantes espacios mediáticos, por afectar no a ciudadanos corrientes sino a personajes políticos. Sería deseable que, en cuanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diera respuesta a la cuestión prejudicial interpretativa presentada por España, se abordase la reforma del instrumento jurídico regulador, teniendo en cuenta la opinión del mencionado tribunal, dando así seguridad jurídica a la aplicación de este importante instrumento de cooperación judicial», señaló.
La académica incidió también en la defensa del Estado de Derecho del que debe ser garante la unión en casos como el «procés» independentista en Cataluña. «Varios de los Estados miembros de la Unión Europea tienen una estructura compleja, son federales o regionales con fuerte descentralización, comprendiendo también al denominado Estado autonómico español. Pues bien, no está suficientemente articulada esa protección del Estado de Derecho que, al tener que ser aplicada en sistemas con multinivel jurídico e institucional, presenta vacíos o disfunciones que es necesario mejorar», argumentó.