Dr. Daniel Berzosa López
Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales de Cunef Universidad, del Instituto de Estudios Bursátiles y del Instituto de Empresa-Law & Business School, miembro de la Academia Global y del Consejo Científico del colectivo Citizens pro Europe y académico de número y miembro de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), reflexiona en el artículo «Propiedad y vivienda», publicado en el diario «El Imparcial» en su edición del pasado 16 de mayo, sobre las dudas que plantea el proyecto de ley por el Derecho a la Vivienda promovido por el Gobierno, que acaba de entrar en vigor, al confrontarse con el derecho fundamental de propiedad que recoge la Constitución.
«El proyecto de ley por el Derecho a la Vivienda alberga una constricción anticonstitucional del derecho fundamental de propiedad y su garantía institucional. Por tanto, supone una acción contra la libertad y la democracia por parte de un gobierno y un parlamento europeo del siglo XXI, una acción contra los valores superiores del ordenamiento jurídico español y los valores de la Unión Europea. Y, además, no servirá para el noble fin que dice perseguir; ayudar a los vulnerables. Al contrario, provocará una contracción de la oferta y, por tanto, una subida de precios, como ha sucedido en Berlín y Barcelona; así como será un estímulo para los acuerdos entre particulares al margen de la legalidad», inicia el académico su argumentación.
Para Berzosa, tanto la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, así como las normas de la Unión Europea y jurisprudencia de su Tribunal de Justicia, recogen el derecho a la propiedad es un derecho fundamental que incluye una garantía institucional. Es decir, ni el derecho a la vivienda ni la función social permiten una desvirtuación de la propiedad. «Que el derecho de propiedad es fundamental significa básicamente que obliga a todos los poderes públicos y su desarrollo solo podrá hacerse por ley, que, en todo caso, deberá respetar su contenido esencial», añade Berzosa, para quien en ningún caso propiedad y vivienda pueden estar en el mismo plano conceptual.
«Si el derecho fundamental a la propiedad, y su garantía institucional, desaparecen por entero, pues el proyecto de ley en cuestión introduce la regla de expropiación general de la propiedad sin indemnización bajo la apariencia de su sola regulación, lo que se sigue es que la propiedad individual se traslada al Estado, que, luego de esta usurpación, ordena al ‘propietario nominal’ cómo debe emplearla. No sólo sin compensación alguna, sino que, en caso de incumplimiento, prevé su sanción. Aparte de que, de ahí a estatuir al Estado dueño de cualquier medio de producción, hay un paso», concluye el experto.
Berzosa es miembro de la Sociedad de Diplomacia y Ciencias Políticas de Estados Unidos, coordinador del Observatorio Internacional de la Regulación de las Entidades do Sector Público de la Universidad de Santiago de Compostela, miembro de los comités organizadores de los congresos del World Law Congress de Cartagena de Indias 2021 y Madrid 2019 y autor de libros y artículos científicos publicados en revistas de prestigio. Es asimismo un reconocido divulgador de temas legales y ciencias políticas en los principales medios de comunicación españoles.
