Dra. Teresa Freixes
Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta de la organización internacional Citizens pro Europe, vicepresidenta de la plataforma ciudadana Sociedad Civil Catalana y académica de número y vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores (RAED), reflexiona sobre la actualidad política española e internacional en los artículos «¿Qué pasa con la competencia en materia de migraciones?», «Reuniones informales», «Ley y decreto en materia de extranjería», «Responsabilidad de proteger a Irán» e «¿Y la protección de los atrapados en el conflicto de Oriente Próximo?», publicados en el portal especializado Artículo 14 y el diario digital The Objective entre los pasados 17 de febrero y 8 de marzo. Asimismo, Freixes participa junto al también académico de la RAED Javier Cremades, presidente de la Asociación Mundial de Juristas, presidente y fundador de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados, en una nueva edición del ciclo World Young Jurist, una serie de sesiones académicas y encuentros con líderes defensores del Estado de derecho dirigido a estudiantes y jóvenes profesionales del ámbito del Derecho.
En «¿Qué pasa con la competencia en materia de migraciones?», la experta aborda las negociaciones del Gobierno de España con el de Cataluña para transferir las competencias en inmigración, que la Constitución considera exclusivas del Estado. «Siguen creyendo, por lo que parece, que basta con tomar acuerdos políticos del tipo que sea para convertirlos en realidades substanciales. Fieles a la falacia de que la política está por encima de la ley, son incapaces de distinguir entre lo que pueden, legal y legítimamente, hacer y lo que no es posible por su incompatibilidad con el marco regulatorio vigente, nacional y europeo. Al margen de la consideración de que regularizar la situación de personas que lleven tiempo en el territorio de un Estado miembro es una competencia de cada uno de los estados, hay que advertir que cualquier decisión que se tome al respecto debe cumplir, además de con las reglas internas, con la normativa adoptada en el marco europeo, sobre todo porque cualquier regularización masiva en uno de ellos implica poder acceder a todo el espacio Schengen por parte de quienes sean regularizados», considera.
Por otra parte, en «Reuniones informales», Freixes critica la creciente tendencia a los encuentros políticos y negociaciones que se realizan al margen de las instituciones y de los foros que deberían acogerlas, adonde asuntos de interés ciudadano llegan ya decididos para su ratificación. «Cada vez conocemos más situaciones en las que se toman decisiones fuera de las instituciones, en reuniones informales a las que acuden vaya usted a saber quiénes, sin saberse si con competentes para ello, y, además, sin tener claros los efectos de lo hablado y/o acordado en tales citas. A veces, incluso, como cuando se han decidido cuestiones esenciales del funcionamiento del Estado autonómico en el extranjero, participando en la toma de decisión personajes que tienen que rendir cuentas ante la justicia. O en el ámbito de la UE, apartando de la deliberación a quienes van a estar sujetos a lo que en tales reuniones se prefigura, anticipando unos pocos (o unos muchos) lo que tiene que ser debatido y decidido entre todos», argumenta.
En «Ley y decreto en materia de extranjería», la académica se refiere a la controvertida regularización de inmigrantes que ha emprendido el Gobierno de Pedro Sánchez por la vía del decreto. «No es que no puedan efectuarse regularizaciones excepcionales por parte de las autoridades españolas. Pueden realizarse siempre que sean conformes a la legislación vigente, tanto la europea como la española, máxime si se pretende regularlas por decreto. Ya sabemos que el actual Gobierno huye del Parlamento como gato escaldado del agua fría y por ello recurre al decreto, para evitar los controles democráticos de diputados y senadores. Lo cual no exime de que tenga que respetar la jerarquía normativa y regrese a la lógica del sistema jurídico-constitucional. Y si no quiere hacerlo, no puede establecer atajos que, en cuanto pretendan entrar en vigor, sean recurribles ante los tribunales, como puede suceder en este caso, ante el Tribunal Supremo. La seguridad jurídica propia de los sistemas democráticos impone, además, una cierta predictibilidad que, en el supuesto que analizamos, no traslada un ‘fumus boni iuris’ o apariencia de buen derecho sobre el decreto controvertido, sino más bien todo lo contrario».
Fotografía de Jolanda Flubacher / World Economic Forum (Flickr), bajo licencia CC BY-NC-SA 2.0
La vicepresidenta de la RAED pone el foco en la política internacional en «Responsabilidad de proteger a Irán», donde evoca una experiencia personal: cuando en el año 2015 consiguió que viajasen a Barcelona un grupo de estudiantes iraníes recién titulados en Ciencias Sociales y Humanidades para exponer sus trabajos finales de investigación ante un jurado internacional. A partir de ahí, analiza los límites del Derecho Internacional. «¿Qué habrá sido de todos ellos en estos últimos meses? ¿Estarán apoyando a los ayatolas o en la oposición? ¿Conservarán la vida o la libertad o las habrán perdido a manos de las fuerzas represoras? Se habla de decenas de miles de muertos y una innumerable lista de detenidos, torturados, secuestrados… La masacre a la que la sociedad civil iraní, especialmente sus mujeres, ha sido sometida me ha llevado repetidamente a hacerme estas preguntas», señala.
Finalmente, en «¿Y la protección de los atrapados en el conflicto de Oriente Próximo?», Freixes incide en la guerra abierta en Oriente Medio y se cuestiona sobre el papel de la Unión Europea respecto a sus ciudadanos que son víctimas colaterales del conflicto. «No se entiende el apagón informativo acerca de qué está haciendo, concretamente, la UE en este contexto. Es posible que esté actuando, pero lo desconocemos y esa falta de información no aporta nada bueno. Acostumbrados, como estamos, a ser víctimas del relato que en cada momento sirva mejor a determinados intereses, puede que estemos siendo desinformados deliberadamente en unos momentos cruciales, los más cruciales desde que la UE comenzó a tener competencias en política exterior y de defensa. O no. Y lo que sucede es que nadie sabe estar a la altura de las circunstancias. La UE cuenta con instrumentos precisos y no se entiende cómo no son mejor aprovechados ni por las instituciones europeas ni por estados como el nuestro, que ni tan siquiera solicita la activación de los mecanismos de urgencia para proteger a sus propios ciudadanos. Tampoco se entiende cómo España no es capaz de coordinarse con las representaciones consulares de otros estados miembro para hacer efectiva esa protección consular a la que todos los europeos tenemos derecho», concluye.
