Antonio Durán-Sindreu, director del Máster en Fiscalidad de la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra y académico de número de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), aborda en el artículo «Grandes fortunas», que publicó el diario «La Vanguardia» el pasado 2 de enero, el nuevo impuesto sobre las grandes fortunas diseñado por el Gobierno, que a su entender no grava realmente las fortunas, sino el patrimonio de contribuyentes con rentas elevadas, dado su redactado y sus excepciones. «Más que gravar las grandes fortunas, el nuevo impuesto grava los patrimonios de personas con rentas altas, patrimonios que, siendo altos, no son grandes fortunas, salvo que nos creamos de verdad que una gran fortuna es quien tiene un patrimonio neto de 3.000.000 de euros. Cierren si no los ojos y piensen en aquellos nombres y apellidos que cuando hablamos de grandes fortunas nos pasan por la cabeza. Nos saldrán pocos, pero de importe mucho más elevado. Estas son para mí las grandes fortunas», señala.
Para Durán-Sindreu, resulta especialmente llamativa la excepción de las empresas familiares, incluidos los grandes grupos empresariales, en este impuesto. «No tengo nada en contra de las empresas familiares. Pero si de lo que se trata es de gravar las grandes fortunas, no acabo de comprender cómo se puede cumplir el objetivo manteniendo la exención para todas las empresas familiares sin excepción. Y fíjense que no me refiero a todas, sino a algunas de ellas. ¿Y por qué? Pues porque entre estas algunas se encuentran una gran parte de las grandes fortunas. Estas, no nos engañemos, están invertidas en patrimonios mobiliarios, esto es, en los procedentes de la titularidad de acciones y participaciones. Esas acciones de grandes empresas familiares, igual que la de las más pequeñas, están exentas en el impuesto de patrimonio y gozan de una importante bonificación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Pero, además, y en las condiciones que la ley prevé, se pueden incluso transmitir las acciones de la empresa familiar sin peaje alguno en el IRPF por la parte correspondiente a los beneficios no distribuidos», argumenta.
Dr. Antonio Duran Sindreu
El académico concluye que a la hora de hablar de justicia tributaria hay que tener siempre en cuenta si una reforma es justa o no en términos redistributivos, teniendo en cuenta que la progresividad real o efectiva se diluye a medida que la capacidad económica es mayor. «La verdad es que el nuevo impuesto es poco más que una vendetta fiscal entre partidos con presuntos visos de inconstitucionalidad por invasión de competencias», afirma.
Durán-Sindreu forma parte del Consejo Asesor en Política Económica de Cataluña, presidido por el catedrático de Economía Pública de la Universidad Pompeu Fabra Guillem López Casasnovas. Asimismo, también fue designado miembro del grupo de expertos tributarios de la patronal Fomento del Trabajo para analizar y elevar propuestas propias al comité de expertos creado por el Ministerio de Hacienda, que tiene como objetivo analizar el sistema fiscal para mejorar su eficiencia, garantizar los recursos públicos y adaptarlo a los retos del siglo XXI y elaborar el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria. El fin último de este grupo es buscar fórmulas para conseguir una armonización impositiva de los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones y una reforma de sociedades en todo el Estado. Si bien la regulación de estos tributos es estatal, su aplicación es competencia de las comunidades autónomas.
