Dra. Teresa Freixes
Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta del colectivo Citizens pro Europe y académica de número y vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), recupera y comparte con la comunidad académica la entrevista que concedió a «Crónica Global», suplemento del diario «El Español», con motivo de la celebración del último Día de la Constitución. En ella, la experta jurista reflexiona sobre las consecuencias que traería consigo la aprobación de proyecto de ley sobre la Amnistía a los condenados o investigados en relación con el proceso independentista impulsado por la Generalitat y diversos partidos políticos colectivos ciudadanos en Cataluña desde el referéndum declarado ilegal de 2017.
En sus reflexiones, la catedrática advierte de que la amnistía choca con la separación de poderes y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, recuerda que la autodeterminación no cabe en la Carta Magna de ningún estado de la Unión Europea y ve a España en la senda de lo que sería la crisis sistémica. Freixes también critica los métodos utilizados para tramitarla y explica qué pasos se pueden dar ahora para frenar la ley, tanto en España como en Europa. Además, advierte de que otras demandas de Junts y Esquerra Republicana como un referéndum de autodeterminación no caben en la Constitución ni se corresponden con un territorio como Cataluña según el derecho internacional.
«La Constitución no regula nada de la amnistía. Y no la regula, no porque en su día se olvidaran de incluirla, sino por expresa voluntad de quienes la elaboraron, ya que se presentaron enmiendas para poder incluirla y decidieron que no, que no iban a hacerlo. Tenían sus razones. En aquel momento se estaba adoptando la amnistía de 1977, se estaba elaborando esa ley en paralelo a la Constitución, y pensaron, con criterio muy habitual, que en una sociedad democrática como la que aparecería con la Constitución de 1978 no sería necesario dar amnistías. Porque entendíamos en aquellos momentos, y continuamos entendiendo muchos, que las amnistías se suelen dar para facilitar el tránsito de dictaduras a democracias», responde Freixes a la primera y fundamental de las cuestiones: el encaje de una ley de Amnistía en la España democrática.
Para la experta, además, un Gobierno en funciones no puede adoptar proyectos de ley, como hizo el actual Ejecutivo antes de la investidura, utilizando de forma encubierta una proposición de ley ya negociada entre PSOE, ERC y Junts. «Mientras los proyectos de ley tienen que ir acompañados siempre antes de su entrada en las Cortes de un dictamen del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y a veces de otros órganos consultivos, las proposiciones de ley no necesitan de estos dictámenes previos. Con lo cual, quien la presenta, de alguna manera, no se ve constreñido por la opinión de algún órgano especializado como podrían ser estos. Y así lo han hecho. Para mí, esto, en el fondo, es fraudulento. Es decir, es una decisión política que hicieron de esta forma para tenerla antes de la investidura, y así ahorrarse esos dictámenes», señala.
Freixes explica que la aprobación de la ley apenas contará con frenos en la vía política, si bien una vez aprobada llegarán los recursos, de distintos tipos, como los de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que en ningún caso paralizarán su aplicación hasta que no se dicte sentencia. «Luego cabe también la presentación de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso siempre se puede hacer cuando se cree que una norma interna vulnera algunas regulaciones del derecho europeo. Esta cuestión prejudicial sí tendría efecto suspensivo si la ley se considerara contraria al derecho de la UE. Entonces la ley no se podría aplicar. Hay otras posibilidades. Ante la UE se han interpuesto peticiones en la comisión del Parlamento Europeo, y se han enviado solicitudes a la Comisión Europea para que intervenga. Porque controla que lo que hacen sus estados miembros sea correcto de acuerdo con el derecho de la UE. Eso ya sucedió, por ejemplo, en el caso de Rumanía, donde se dio una ley de amnistía que tuvo que ser revertida porque la UE la paralizó. Es decir, que existen posibilidades», explica.
