Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta de Citizens Pro Europe y académica de número y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), defiende el manifiesto de la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición contra la reforma del Código Penal y en defensa del orden constitucional en una entrevista publicada por el diario «La Razón» el pasado 27 de diciembre. En ella, la académica muestra su preocupación ante lo que considera violaciones sistémicas del Estado de Derecho que se producen estos días alentadas desde las instituciones, y advierte de que la democracia y el sistema constitucional están en peligro.
«Para poder tramitar reformas de la ley orgánica del Tribunal Constitucional o la ley orgánica del Poder Judicial, el trámite correcto sería la presentación de un proyecto de ley. Se trata de una norma de gran calado porque es el desarrollo de órganos constitucionales muy relevantes y, por lo tanto, hay que hacer las reformas con todas las cautelas y con todos los dictámenes previos. El trámite de enmiendas a una reforma del Código Penal es un fraude de ley porque se está utilizando el reglamento parlamentario con una finalidad que no es la suya.
Dra. Teresa Freixes
Las enmiendas sirven para reformar una ley sobre la cual se está debatiendo para que conste la posición de todos. Ya existía jurisprudencia del Tribunal Constitucional diciendo que el trámite de enmiendas no era adecuado para realizar reformas en leyes no vinculadas», considera sobre las últimas iniciativas legislativas promovidas desde el Gobierno, desde la reforma del delito de malversación y de sedición a la del sistema de elección de magistrado del alto tribunal, suspendida cautelarmente por el propio Tribunal Constitucional en un auto sin precedentes.
Para Freixes, estas reformas ponen en peligro el Estado de Derecho, la democracia y el sistema constitucional en España. Y eso ya ha puesto en alerta a las autoridades europeas, que cuentan con mecanismos para intervenir, como ya lo han hecho en países como Polonia y Hungría. En este sentido, recuerda que las instituciones de la Unión Europea ya habían advertido a España por el incumplimiento en temas concretos, pero ahora está en duda el cumplimiento sistémico.
La académica denuncia, asimismo, la escasa capacidad crítica de la sociedad española ante la actitud de sus instituciones. «La sociedad civil española está muy despistada. Somos el único país que no enseña en la educación obligatoria cómo funcionan las instituciones, cuáles son nuestros derechos o la relación con Europa. No tenemos educación en ese sentido y, por lo tanto, es muy fácil que el populismo cale», concluye.
