Santiago Castellà
Senador, director de la Cátedra Tarragona Smart Mediterranean City de la Universidad Rovira i Virgili y académico de número de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED) y secretario general de la Fundación Pro Real Academia Europea de Doctores
Dr. Santiago Castellà
El senador Santiago Castellà, académico de número de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED) y secretario general de la Fundación Pro Real Academia Europea de Doctores, impulsó y participó el pasado 22 de septiembre en la sesión «Reforma de la Financiación Territorial», organizada en el Senado por la Fundación Internacional Olof Palme y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada con la colaboración del Círculo de Economía, el centro de gobernaza política EcPol de la escuela de negocios Esade, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Universidad de Oviedo. La jornada, que no se pudo celebrar el pasado mes de marzo como estaba previsto a causa de la pandemia, estuvo encabezada por la vicepresidenta primera del Senado, Cristina Narbona, y se celebró en la Sala Europa de la Cámara Alta. En esta ocasión con algunos asistentes presenciales, como el propio Castellà, y otros que intervinieron por videoconferencia.
El evento se distribuyó a lo largo de dos sesiones en las que diferentes expertos de primer nivel presentaron los puntos de consenso sobre las grandes líneas que deberían orientar la reforma de la financiación autonómica en España por una parte y se expusieron propuestas alternativas sobre algunos de los elementos centrales del sistema por la otra. Una de las ideas centrales de la jornada fue la necesidad de una revisión integral y coordinada de los distintos componentes del actual modelo, que presenta la peculiaridad de combinar el régimen general con el foral. Además de los modelos propios para la financiación de municipios y otras corporaciones de carácter local. Como punto de partida, los ponentes consideraron que el objetivo central de la reforma de la financiación territorial deber avanzar de forma gradual y consensuada hacia un modelo más sencillo y transparente que los ciudadanos puedan valorar, caracterizado por un reparto más equitativo de recursos entre todas las administraciones que garantice el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en condiciones de igualdad y una mayor responsabilidad fiscal que ayude a alinear los incentivos de los gestores públicos con los intereses de los ciudadanos.
Entre las grandes conclusiones, los participantes concluyeron que el modelo debe adaptar el régimen foral a la realidad actual del sistema autonómico, fundamentalmente para lograr una participación efectiva de las comunidades forales en los mecanismos de nivelación interterritorial; que la reforma ha de hacerse con criterios de equidad, responsabilidad, transparencia y gradualidad; que es necesario un reparto más equitativo de recursos entre territorios, que aproxime el acceso a los servicios públicos de los ciudadanos a condiciones de igualdad y evite reordenaciones arbitrarias de las administraciones territoriales en términos de sus recursos por habitante; que la financiación ha de basarse en la capacidad fiscal y el grado de nivelación que se acuerde; que dentro del régimen común de financiación de las comunidades, hay que revisar las transferencias verticales, eliminando los actuales Fondos de Suficiencia y Convergencia para integrar sus recursos o bien en el Fondo de Garantía o bien en un único fondo de nivelación vertical; que hay que dotar de más instrumentos fiscales a las distintas administraciones para gestionar sus ingresos y exigirles mayor responsabilidad sobre la financiación de sus gastos, con el fin de alinear los incentivos de los gestores públicos con los intereses de los ciudadanos a los que representan, y que el sistema tiene que ser comprensible para el ciudadano y ha de publicarse información completa y accesible sobre su funcionamiento y resultados.
Asimismo, los expertos determinaron la necesidad de establecer períodos transitorios para que los efectos de las reformas que impliquen cambios importantes en la financiación de las administraciones, especialmente a la baja, vayan produciéndose de forma gradual. «Esto no puede suponer una renuncia al objetivo de alcanzar un reparto equitativo de recursos en un plazo razonable y de corregir pronto la situación de las administraciones más perjudicadas por el actual sistema», reseñaron en las conclusiones que publicó el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
Doctor en Derecho Internacional Público por la Universidad de Barcelona, Castellà combina su cargo como representante del poder Legislativo con una intensa actividad académica en la que ejerce como director de la Cátedra Tarragona Smart Mediterranean City de la Universidad Rovira i Virgili y del Máster Smart City Managenent de Zigurat-Universidad de Barcelona. El académico ha ejercido durante 25 años como profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad Rovira y Virgili, donde también ha sido decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, vicerrector de Relaciones Externas e Internacionales, director del Máster de Derecho Ambiental, del Máster en Gestión Global de la Inmigración, del Máster en Cooperación Internacional al Desarrollo y del Máster en Justicia Penal Internacional.
