«Un Estado con una carga legal y reglamentaria concisa y efectiva puede ser más competitivo y atender mejor las necesidades de su ciudadanía»
Oriol Amat, académico de número de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED) y presidente de la Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección, argumenta en un artículo publicado por el diario El Punt-Avui el 23 de septiembre cómo un país con una carga legal y reglamentaria concisa y efectiva puede ser más competitivo y atender mejor las necesidades de su ciudadanía que aquellos en los que la presión legal y administrativa son una pesada carga.
Dr. Oriol Amat Salas
«Entre los pilares de la competitividad, el Global Economic Forum destaca la calidad institucional, que considera aspectos como el marco legal, la eficiencia, la burocracia o la honestidad de las instituciones. Y precisamente éste es el punto en el que España aparece peor evaluada. Se sitúa en la posición 55 de 138 países, por detrás de otros como Bután, Botswana, Gambia o Jordania», analiza el académico. «En relación con la calidad institucional -prosigue-, España sale mal evaluada en aspectos clave como son el exceso de burocracia (113 de 138 países), ineficiencia del gasto público (106), favoritismo en las decisiones gubernamentales (68), comportamiento ético (72), independencia judicial (65) o ineficiencia judicial (65)».
Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y director del Master en Dirección Financiera de la Barcelona School of Management, Amat pone el ejemplo de países como Finlandia, Dinamarca o Nueva Zelanda como paradigma de lo que podría ser una Cataluña independiente que siguiese un modelo social y poco regulador. Y para ello apunta una línea de actuación que facilite la competitividad y democratice las instituciones tomando como ejemplo las mejores prácticas internacionales.
«Según el Banco Mundial, para obtener una licencia de obras en España son necesarios 13 trámites, que tardan 205 días en completarse y que generan un coste adicional del 5% del coste total de la construcción. En Dinamarca, en cambio, son necesarios siete trámites, que se realizan en 64 días y su coste supone el 1,8% de la obra», señala como ejemplo. Asimismo, la lucha contra la corrupción y el fraude debe ser una prioridad en este nuevo modelo.
