Dra. Teresa Freixes
Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta de la organización internacional Citizens pro Europe, vicepresidenta de la plataforma ciudadana Sociedad Civil Catalana y académica de número y vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores (RAED), reflexiona sobre la actualidad política española e internacional en los artículos «El cálculo sobre el odio», «El espejo del Báltico», «Ni derecho ni blindado», «El gobierno de los jueces y el control de los fiscales», «Justicia poética», «Liarla parda» y «Confianza institucional y Estado de derecho», publicados en el portal especializado Artículo 14 y el diario digital The Objective entre los pasados 11 de abril y 17 de mayo.
En «El cálculo sobre el odio», la experta jurista reflexiona sobre los cánticos islamófobos que se produjeron en el RCD Stadium durante el partido que la selección española disputó en Cornellà de Llobregat, las similitudes con otros episodios de diverso signo y la respuesta gubernamental. «Lamentablemente, no es la primera vez que ello ocurre. Situaciones semejantes, aunque en otros contextos, han sido casi habituales en determinadas circunstancias o lugares. Un antiguo vicepresidente del Gobierno afirmó que se ofrecía para ‘reventar a la derecha’. En mi antigua universidad, con el exabrupto ‘fuera escoria castellana de la UAB’ se trató de impedir violentamente la realización de un acto. En numerosas ocasiones hemos también escuchado cánticos hispanófobos y ataques a los himnos o símbolos. Todas estas posturas son claramente incitadoras a la exclusión de un segmento social concreto: la derecha, lo castellano, lo español…», considera.
Por su parte, en «El espejo del Báltico», Freixes compara la denominada «vía báltica» que ha reivindicado el independentismo catalán con la vía para la secesión que tomó el Parlamento catalán al margen de la ley. «El desmembramiento de la URSS originó que el territorio que ocupaba un Estado derivara en el territorio de 15, aunque Rusia fue considerada como la heredera natural de la antigua Unión Soviética y mantuvo las responsabilidades internacionales de esta. En aquel momento estaba vigente la Constitución de la URSS de 1977, que reconocía el derecho de secesión a sus repúblicas, y se había adoptado además una ley, en 1990, regulando el procedimiento para realizarla, que incluía un referéndum para que la población se pronunciara, además de las decisiones de los consejos/parlamentos de las repúblicas. Estonia, Letonia y Lituania aprovecharon el momento para proclamar la independencia antes de que se creara la fallida Comunidad de Estados Independientes que Rusia quería liderar, ya que esta cambiaría las coordenadas jurídicas de la secesión», explica.
En «Ni derecho ni blindado», la vicepresidenta de la Real Academia aborda la iniciativa emprendida por el Ejecutivo para blindar el derecho al aborto en la Constitución. «La Comisión de Venecia, en sus informes sobre reformas constitucionales, exige que sean adoptadas por amplias mayorías y, siempre, pactándolas con la oposición, puesto que afectan a la vida de la nación. No parece que se esté en esta línea, sino en la de intentar buscar lo fácil, en un procedimiento de reforma ordinario que tampoco va a ser posible. No digamos la vía agravada, pues disolver las cámaras es lo último que pretende el presidente del Gobierno. Entonces, ¿qué significado tiene proponer lo no se va a poder hacer? Seguramente será otra cortina de humo, para que estemos “entretenidos”. Así podremos echar todas las culpas a la oposición conservadora», señala.
El «El gobierno de los jueces y el control de los fiscales», la académica incide en la independencia judicial y la separación de poderes y denuncia el ataque sistemático a la judicatura cuando sus actuaciones perjudican a los gobernantes. «El menosprecio a lo dispuesto jurisdiccionalmente, la crítica política populista a las decisiones judiciales tan de moda en estos tiempos, que ha sido denunciada por el mismo presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos retrotrae a aquellos en los que la arbitrariedad impedía la misma existencia de la seguridad jurídica o del imperio de la ley, en suma, de la misma democracia. Porque la democracia exige que se respeten tanto los contenidos como las formas e, incluso, por definición, éstas constituyen el presupuesto de legitimidad para la adopción de contenidos. Y ello es aplicable, también por definición, no sólo al nombramiento y la independencia funcional de los jueces, sino también en lo relativo a los fiscales, porque la Constitución y los estándares europeos, puesto que pese a que en España el Ministerio Fiscal estás sujeto a la jerarquía funcional, no es éste el único principio que preside su actuación, sino que los de legalidad e imparcialidad son también constitucionalmente requeridos», detalla.
La presidenta de Citizens pro Europe dedica «Justicia poética» al éxito cosechado por el escritor Eduardo Mendoza el día de Sant Jordi, cuando se convirtió en el autor más vendido pese al veto y quema de sus libros propugnado desde el nacionalismo radical. «No eres buen catalán si escribes en español y, por ello, te conviertes en el enemigo a abatir. No formas parte de esa sociedad homogénea pretendida por el nacionalismo si defiendes una Cataluña plural, como lo es España y Europa, fundamentada en los valores constitucionales y europeos y, por ello, pretenden condenarte al ostracismo. Al fuego con todo, para ‘purificar’ las mentes, despojándolas de elementos extraños a lo que consideran nacionalmente homologable. Sin embargo, como lo que pretende ese reduccionismo intelectual no casa con la realidad, hete aquí que, en esta fiesta de Sant Jordi, la de la rosa y el libro, las rosas no eran de fuego y humo y los libros, los más vendidos durante esa entrañable fiesta, fueron precisamente los de Eduardo Mendoza. Justicia poética», defiende.
En «Liarla parda», Freixes aborda la gestión de la crisis del hantavirus, con protocolos dispares en los países que han acogido a los pasajeros del crucero «Hondius», donde se produjo un brote. «Numerosos expertos reales sobre el tratamiento de estos casos (no los políticos de turno, sino los que tienen experiencia al respecto) afirman que la mejor medida hubiera sido el confinamiento en el barco para hacer el debido triaje entre los pasajeros y derivar a otro buque, en alta mar, a quienes no fueran sintomáticos, haciendo a todos las preceptivas pruebas para detectar a quienes estuvieran infectados, derivando directamente a sus países de origen a los pasajeros, con las correspondientes medidas de protección o hacer que fueran recibidos todos ellos en el país responsable jurídicamente del caso, los Países Bajos, para darles allí el tratamiento adecuado a la situación de cada uno, cuarentena mediante. Pero parece ser que hemos preferido liarla parda también con esta cuestión. Algunos dicen que los intereses particulares de nuestra ministra de Sanidad con la Organización Mundial de la Salud podrían tener algo que ver en el asunto, pero no acaba de estar claro», considera.
Finalmente, en «Confianza institucional y Estado de derecho» subraya la paradoja de que, según el último Eurobarómetro, mientras casi tres cuartas partes de los europeos coinciden en que la Unión Europea es un lugar de estabilidad, en España aparece un alto grado de desconfianza. Una encuesta que coincide con las conclusiones, también negativas, del informe elaborado por el Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo. «Algunos indicios acerca de esta desconfianza podemos encontrarlos en el mencionado informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que concluye con una buena y ponderada reflexión, pues destaca que, aunque no estemos todavía ante una deficiencia sistémica, los desacuerdos institucionales y los intentos de control político sobre el poder judicial impiden reducir la polarización y asegurar que el Estado de derecho responda mejor a los estándares europeos», concluye.
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