
Dr. Francisco Marco
Francisco Marco, reconocido experto en el derecho a la privacidad, director de la agencia de detectives Método 3 y académico correspondiente de la Real Academia Europea de Doctores (RAED), analiza el papel del detective en la defensa penal y de cómo la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal podría acercar a España al modelo italiano de investigación defensiva en el artículo «Mate usted y venga a verme», que publicó el pasado 2 de diciembre en el portal especializado Confilegal. El académico dirige desde los 25 años uno de los mayores grupos de inteligencia empresarial español. Fue impulsor de la inclusión de la figura del investigador en la ley de Enjuiciamiento Civil, es miembro de la Asociación Internacional de Analistas de Fraude Certificados y autor de más de una decena de libros de divulgación, tres de ellos número uno de ventas en España.
El autor parte de la frase coloquial «mate usted y venga a verme», atribuida a un abogado argentino, para ilustrar la percepción de que en algunos sistemas la defensa tiene más herramientas para investigar que en España, donde tradicionalmente la acusación pública concentra el protagonismo probatorio, cuestionando lo que ve como una notable asimetría entre la Fiscalía y la defensa. El artículo expone cómo en países como Italia la figura de la investigación defensiva permite a los abogados defensores solicitar diligencias activas, interrogar testigos y encargar peritajes propios, contribuyendo a equilibrar la investigación. En este sentido, sugiere que la justicia penal española podría beneficiarse de introducciones normativas similares que doten a la defensa de poderes investigativos más efectivos frente al monopolio probatorio de la Fiscalía.
Para Marco, el uso de investigadores privados por parte de la defensa debería regularse y potenciarse, no como simple instrumento auxiliar, sino como parte integrante del proceso que contribuya a descubrir la verdad material. El articulista señala que, aunque la figura del detective privado en España está ampliamente aceptada en materia civil o mercantil, su aportación al proceso penal ha sido limitada por la normativa vigente y por una concepción tradicional de las funciones procesales. El artículo concluye defendiendo una reforma que reconozca expresamente el derecho de la defensa a investigar activamente, no solo reaccionar ante las pruebas de la Fiscalía. El autor argumenta que esta modificación no implicaría debilitar la persecución del delito, sino fortalecer la equidad del sistema y contribuir a decisiones judiciales más fundamentadas. En su visión, avanzar hacia una mayor participación investigativa de la defensa sería un paso importante para modernizar el proceso penal español y preservar los principios de igualdad ante la ley y de contradicción.
Marco mereció en el año 2000 el Premio Nacional de Doctrina por el trabajo «La monitorización del correo electrónico en la empresa». El pasado mes de marzo presentó junto a la periodista Mayka Navarro el libro «La fugida» (Columna), una obra en la que narran el episodio de la reaparición en Barcelona del expresident de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont para la celebración de un mitin, y su posterior huida sin conseguir ser detenido pese a que sobre él cae una orden de arresto al encontrarse huido de la justicia. En este mismo ámbito de la investigación política, judicial y de sucesos, Marco ha sido coautor de los best-sellers «El método», «Operació Catalunya» o «La España inventada», y ha publicado además de las novelas «La preparadora de juicios», «Realpolitik» y «Los secretos de Alba».
Precursor de trabajos sobre la protección de los derechos personales en las redes y la privacidad digital, Marco ingresó como académico correspondiente de la RAED en junio de 2022 con el discurso «Disociados (desdoblados). El futuro social de la humanidad», en el que abordó el estado de la privacidad y la libertad en el actual contexto de digitalización e hiperconexión, analizando el poder efectivo de empresas tecnológicas como Google y las grandes corporaciones o los gobiernos que han hecho del procesamiento, gestión y análisis de datos parte de sus políticas de control, como es el caso del régimen chino.