Dra. Teresa Freixes
Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta de la organización internacional Citizens pro Europe y académica de número y vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores (RAED), analizó el pasado 15 de enero en el programa radiofónico «Herrera en Cope», de la Cadena Cope, la situación del poder judicial ante las críticas e injerencias de los poderes ejecutivo y legislativo. La experta jurista reflexionó sobre una actualidad marcada por el papel del fiscal general del Estado y la investigación judicial a la que está sometido y la proposición de ley que plantea de Gobierno de Pedro Sánchez para limitar la figura de la acusación particular. Asimismo, la académica ha publicado el artículo «¿De qué hablamos cuando hablamos de valores en el proceso de construcción europea?» en el número 24 de la revista de cultura, ciencia y pensamiento europeo «Pliegos de Yuste», editada por la Fundación Yuste, correspondiente al año 2024.
En su intervención en la Cope, la experta jurista denunció el desconocimiento de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno sobre el funcionamiento de la justicia y consideró el daño que hace a la credibilidad del ministerio fiscal la imputación del fiscal general del Estado. «Esto ya viene siendo advertido en los informes sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea. Tiene su origen en el hecho de que en nuestro sistema, y esto habría que corregirlo, el mandato del fiscal general del estado coincide con el Gobierno, es decir, lo nombra el Gobierno y dura lo mismo que este. El fiscal tiene excesiva dependencia gubernamental y se nos han hecho diversas advertencias de que tendríamos que modificarlo para darle mayor independencia. En este caso concreto, se trata de un fiscal muy controvertido. Fue nombrado con el dictamen en contra del Consejo General del Poder Judicial, tiene en su contra una sentencia del Tribunal Supremo por abuso de poder. ¿Cómo puede ser que un fiscal general esté condenado por abuso de poder? Si le añadimos todo lo que ha parecido de que ha podido filtrar datos que conocía de un ciudadano…», reflexionó.
Asimismo se refirió a la proposición de ley que algunos medios han dado en conocer como «ley Begoña» que limitaría la acusación popular y que ha sido rechazada por asociaciones profesionales de juristas. «Desde mi apreciación, se inserta en un conjunto de leyes que se vienen adoptando para intentar controlar a la justicia desde el poder político. Yo confío en que esta ley no llegue a buen puerto porque en el fondo destruye las garantías procesales. Pero nunca se sabe por qué nos están acostumbrando a que las leyes no se preparan con coherencia, se elaboran las normas teniendo en cuenta los votos que se van a necesitar», señaló.
Por su parte, en su artículo en «Pliegos de Yuste», Freixes aborda los valores fundamentales en la construcción y funcionamiento de la Unión Europea y el desarrollo de tratados clave como el Tratado de Lisboa, que enumera valores esenciales que deben ser respetados y promovidos por todos los estados miembro, incluyendo la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de derecho. El texto critica la existencia de organismos informales dentro de la UE que no cumplen con criterios democráticos, lo que puede poner en riesgo el Estado de derecho, como es el caso del Eurogrupo y de las reuniones informales de presidentes, donde la falta de regulación puede llevar a decisiones poco transparentes y responsables. La experta aboga por una mayor legitimidad en la elección de líderes, como el presidente de la Comisión Europea, y sugiere que la próxima legislatura europea podría ser clave para avanzar hacia una Europa más federal y democrática.
Además, Freixes pone sobre la mesa la política de cohesión de la UE, que busca reducir las desigualdades entre regiones y apoyar el desarrollo sostenible y plantea la necesidad de reformas en la toma de decisiones, sugiriendo que la mayoría cualificada debería aplicarse en temas sensibles. También enfatiza la importancia de la participación ciudadana en el proceso democrático europeo. La académica analiza los mecanismos que la UE tiene para proteger estos valores, incluyendo informes anuales sobre el Estado de derecho, procedimientos de sanción y mecanismos preventivos. Sin embargo, señala que la aplicación de estos mecanismos puede ser complicada y poco efectiva, especialmente cuando se requiere la intervención de múltiples instituciones de la UE.
