Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta del colectivo Citizens pro Europe y académica de número y vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), y Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales de Cunef Universidad, del Instituto de Estudios Bursátiles y del Instituto de Empresa-Law & Business School, miembro de la Academia Global y del Consejo Científico del colectivo Citizens pro Europe y académico de número y miembro de la Junta de Gobierno de la RAED, presentaron el pasado 13 de febrero en un acto celebrado en la sede madrileña de la Fundación Carlos de Amberes el libro «La amnistía en España. Constitución y Estado de Derecho», que firman setenta catedráticos de Derecho y expertos juristas entre los que se encuentran el catedrático emérito de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional Manuel Aragón, el catedrático emérito de Derecho Penal de la Universidad Complutense Enrique Gimbernat, la abogada del Estado excedente y secretaria general de la fundación Hay Derecho Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado, el miembro de la Real Academia Española de la Lengua y fundador del periódico «El País» Juan Luis Cebrián, o los propios Freixes y Berzosa. La obra se presentará a lo largo de las próximas semanas en las principales ciudades españolas.
«No son solo los argumentos expuestos en la obra, además llevamos medio millón de firmas a la Comisión de Peticiones en el Parlamento Europeo y nuestra petición fue admitida: el respeto al Estado de derecho es objeto de investigación en la Comisión Europea, la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo y otras comisiones. Además, que el Parlamento Europeo, en pleno, ha acordado investigar la penetración y conexiones de Rusia con diversos estados de la Unión Europea y, en especial, los lazos con Carles Puigdemont. También enviamos a las autoridades europeas diversos manifiestos exigiendo respeto al Estado de derecho firmados por centenares de juristas. Asimismo, la Comisión de Venecia va a emitir su informe sobre el Estado de derecho en España a mediados de marzo. Lo digo porque, aunque nos quieren cambiar el relato por motivos electorales, hay que situarse en la realidad. Que una cosa es el relato y otra son los hechos», explicó la vicepresidenta de la RAED.
Aun admitiendo que las Cortes pudieran usar su poder legislativo general para aprobar una amnistía, la obra expone numerosos argumentos para probar que la proposición de ley orgánica 122/000019 incumple tanto la Carta Magna como el derecho Europeo. «Cualquier amnistía que se dicte por nuestro Estado constitucional y democrático de derecho vulnera la Constitución, pues su texto no la permite dado que es una excepción al principio de división de poderes que solo la propia Constitución puede autorizar», señalan la introducción de este libro coral.
«Hay gran diversidad ideológica entre los autores que consideramos que la amnistía planeada por el Gobierno falsea el Estado de derecho en España. Por eso, este libro no está escrito contra tal o cual partido o tal o cual dirigente o tal o cual persona que haya hecho pública su opinión. Mucho menos contra la reconciliación y la concordia. Tampoco es un libro contra Cataluña, como lo prueba el número de autores catalanes que participan; dos incluso escribiendo en su lengua catalana. No, este libro critica una amnistía que no tiene cabida en la Constitución de 1978, que además se ha diseñado aquí y ahora como una operación mercantil: se cambia impunidad por votos», concluye la introducción de la obra.
Por otra parte, Freixes y Berzosa impulsas y son coautores del último informe elaborado por Foro de Profesores, Impulso Ciudadano y Citizens pro Europe, que lleva por título «Deterioro del Estado de derecho en España», un documento que denuncia el deterioro que se observa tanto en las instituciones del Estado como en las de algunas comunidades autónomas españolas. «Principios que son básicos en la arquitectura de nuestras democracias (independencia judicial, neutralidad de las administraciones, objetividad de los medios públicos de comunicación, respeto por parte de las autoridades hacia la sociedad civil, igualdad entre los ciudadanos, seguridad jurídica, protección de los derechos e intereses de los particulares y del interés público general) se ven cuestionados o vulnerados», concluyen sus autores, todos ellos expertos juristas con una contrastada carrera profesional y académica.