Dra. Teresa Freixes
Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta del colectivo Citizens pro Europe y académica de número y vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), protagoniza dos entrevistas publicadas por el portal especializado Confilegal el pasado 7 de noviembre y por «Món Jurídic», la revista del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, en su número 249, correspondiente al período octubre-noviembre de 2023. En ambas publicaciones, la experta constitucionalista defiende el Estado de derecho y la Constitución española y critica la negociación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las formaciones soberanistas de una ley de Amnistía por razones de gobernabilidad, en línea con las tesis que ha venido defendiendo desde que trascendió esta negociación en vísperas de la investidura.
En Confilegal, la vicepresidenta de la RAED apela a la declaración pública suscrita por 300 juristas contra la proposición de una ley de Amnistía respecto a los delitos cometidos mediante la declaración unilateral de independencia de Cataluña por los partidos soberanistas, y señala que negociar con estas fuerzas por una simple cuestión de aritmética política para formar Gobierno, supone complicidad. «Negociar con delincuentes su propia impunidad nos aproxima al Far West más que a nuestros socios europeos. Nos estamos deslizando por una pendiente muy peligrosa. Todos los estados regulan en sus códigos penales los delitos contra el orden constitucional. Una conducta equivalente a lo que ha sido el delito de sedición en la mayor parte de códigos penales está tipificada como de alta traición, con penas muy elevadas o incluso, con prisión permanente. La rebaja en el delito de malversación está en el punto de mira de la Comisión Europea, puesto que según cómo se aplique infringe directamente la normativa anticorrupción europea», considera Freixes.
Para la experta, con estas negociaciones, el Gobierno se sitúa en la senda que emprendieron gobiernos populistas como los de Polonia o Hungría, duramente advertidos desde las Instituciones europeas. «La UE tiene que tomar conciencia de que el problema no es un problema de política interna, limitado a una confrontación entre políticos. Cuando la sociedad civil, cuando reputados juristas, cuando la mejor intelectualidad de un país considera que no es factible cambiar el modelo jurídico-constitucional, poniendo en peligro los principios constitucionales y los valores de la UE, facilitando la delincuencia política y haciendo posible que una parte del territorio de un Estado pueda segregarse sojuzgando a la mayor parte de su ciudadanía, Europa tiene que enviar un mensaje claro, como ha hecho con Polonia, Hungría, Eslovaquia o con Rumanía», añade.
Freixes acaba esta entrevista con un mensaje de esperanza gracias a la iniciativa que ha tomado la sociedad civil española en este asunto. «Si resistimos a la dictadura franquista (ya quedamos pocos en la actualidad, por meras razones biológicas) resistiremos a esta injusta situación. Porque lo injusto es que pretendan gobernarnos sin respeto del Estado de derecho, no que el Estado de derecho mire hacia otro lado para favorecer la delincuencia política», concluye.
Por otra parte, en «Món Jurídic», la académica mantiene un cara a cara sobre la misma materia con el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona Joan Lluís Pérez Francesch. «No existe ningún punto de similitud entre la ley de Amnistía de 1977, que facilitó la transición de la dictadura a la democracia, con la proposición de ley actual, que la fundamentación no es otra que la necesidad de contar con los votos de Junts para la investidura de Pedro Sánchez como presidente. El hecho de que los autores de la ley pretendan que puede favorecer la convivencia ciudadana es una falacia, ya que la propuesta no cuenta con un apoyo importante de la sociedad catalana y española; más bien todo lo contrario, las posiciones en contra de buena parte de la sociedad civil, de todas las asociaciones de jueces y fiscal, de buena parte de colegios de abogados de España, procuradores, funcionarios… incluso la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, consideran que no existe ninguna justificación o fundamentación de la proposición de ley en una convivencia que la propia ley pone en peligro», explica Freixes.
La presidencia de Citizens pro Europe incide el que la amnistía desborda los indicadores de democracia que desde la Comisión y el Parlamento europeos, por una parte, y de la Comisión de Venecia, por otra, se han establecido para analizar el estado de salud del Estado de derecho en la UE y sus estados miembro. Asimismo, insiste en la anticonstitucionalidad de esta ley pese a que la Constitución no haga referencia explícita a la amnistía. «Que la Constitución no diga nada de amnistía no significa que, al no prohibirla expresamente, la autorice. En este sentido, cabe recordar que, en el constitucionalismo moderno, nacido de las revoluciones inglesa, americana y francesa, son los particulares los que pueden hacer todo lo que la ley no los prohíbe (teniendo en cuenta el conjunto del ordenamiento jurídico), mientras que los poderes públicos están sujetas al principio de atribución, que significa que solo pueden hacer lo que la ley les atribuye. Hacer una interpretación extensiva del artículo 62.1 transgrede el principio general de las democracias liberales, sobre todo si esta extensión de capacidad legislativa tiene lugar contra la voluntad expresa del legislador constituyente», concluye.
