Enrique Sada
El historiador mexicano Enrique Sada, colaborador de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), aborda el tráfico de migrantes entre Centroamérica y Sudamérica a Estados Unidos a través de México y la delincuencia que esta práctica, también delictiva, lleva asociada en el artículo «Un viacrucis: las caravanas de la muerte en México», publicado en el portal especializado Código Libre el pasado 10 de abril.
«Uno de nuestros grandes problemas históricos es la frontera norte. Como mexicanos, estamos de acuerdo en que si algo nos ha afectado a quienes vivimos desde la línea del trópico de Cáncer para arriba -ahora más, con la inseguridad que se ha venido detonando este sexenio por la presencia aún mayor del crimen organizado- lo es sin duda el tráfico migratorio, no tanto por el cruce de personas que buscan cruzar el Río Bravo hacia el vecino país del norte en busca de mejores condiciones de vida para los suyos o huyendo de tiranías empobrecedoras como las de Nicaragua y Venezuela, sino por los problemas que estos movimientos suelen traer consigo», inicia el articulista su reflexión.
En este sentido, Sada cita un luctuoso episodio reciente, cuando el incendio en lo que resultó ser una cárcel para migrantes en Ciudad Juárez en su tránsito ilegal hacia Texas dejó al menos 40 muertos y decenas de heridos ante lo que considera inacción de las autoridades mexicanas. «Desde los acuerdos entreguistas firmados por miedo ante Donald Trump, el Gobierno federal mexicano no solo comprometió nuestra soberanía ante un gobierno extranjero usando más de 28.000 efectivos para cuidar la frontera a los Estados Unidos. También se comprometió a detener las caravanas migratorias que antes fomentaba y hasta premiaba, dándoles dinero y pagándoles hospedaje en México, convirtiendo al país en una cárcel para los mismos», añade.
Para el historiador, la reciente desaparición y secuestro de un grupo de migrantes mexicanos y extranjeros que se trasladaban por la carretera a Matehuala rumbo a Saltillo esta Semana Santa refleja tanto la impunidad y la indiferencia de las autoridades como lo que tilda de «irresponsabilidad e ineptitud por parte del presidente». «También refleja complicidad directa ante sus apoderados y financiadores de campaña, quienes, según cifras del Departamento de Estado en Washington, se han adueñado con violencia de más del 35% del país en este sexenio: algo inimaginable si no es que se cuenta con la bendición y el visto bueno del inquilino del Palacio Nacional», concluye.
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