Teresa Freixes y Santiago Castellà defienden la legitimidad e imparcialidad del proceso contra los líderes del ‘procés’
Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, académica de número y secretaria general de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), y el senador Santiago Castellà, académico de número de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED) y secretario general de la Fundación Pro-Real Academia Europea de Doctores, coinciden en la defensa de las garantías jurídicas del juicio celebrado en el Tribunal Supremo que ha acabado condenando a los políticos y activistas que organizaron o participaron en el referéndum por la independencia de Cataluña el 1 de octubre de 2017.
Dra. Teresa Freixes
Freixes, en sendos artículos de opinión en los diarios «Ideal» (en su edición del pasado 14 de octubre) y «La Razón» (15 de octubre), apunta que España se mantiene dentro de los países con alta calidad democrática y que instituciones como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala las garantías con que se afrontan los procesos judiciales en España. «Existe consenso internacional sobre el correcto desarrollo de los juicios penales en España. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así lo constata. Incluso desde organizaciones internacionales, como la progresista Asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (Medel), en la que está integrada Jueces para la Democracia, ha repetido reiteradamente que los derechos de las personas sometidas a un proceso penal en España son equiparables a los de cualquier nación de nuestro entorno europeo», indica la académica.
Freixes señala que el Tribunal Supremo actuó de forma impecable en la resolución de aspectos procesales como la recusación de los encausados a los jueces, en la argumentación de los delitos y en la graduación de las penas, que a unos pueden parecerles excesivas y a otros insuficientes. Y que incluso abordó cuestiones como el denominado derecho de autodeterminación. «Cabe destacar que el Tribunal Supremo entra a examinar aspectos cruciales del denominado ‘procés’, como es el análisis del derecho de autodeterminación o derecho a decidir en la nomenclatura del secesionismo.
Dr. Santiago Castellà
Deja claro que se trata de una reivindicación, una aspiración política que no tiene cobertura normativa en nuestro sistema jurídico-constitucional, tal como repetidamente ha dictaminado el Tribunal Constitucional, quien remite a la reforma constitucional para que ello pudiera ser un derecho ejercitable», señala.
«En España no se juzga por ideas o por ejercer la libertad de expresión. Se juzga por hechos que puedan constituir delitos, como podemos leer en los hechos probados de la sentencia del ‘procés’. Así lo reconocen desde la propia Unión Europea a asociaciones de juristas como la progresista Asociación Medel. Hemos, pues, de entender la sentencia como una de las manifestaciones de defensa del Estado de Derecho, igual a la que se hubiera hecho en cualquier país democrático del mundo», concluye Freixes.
Castellà, por su parte, recuerda en la edición del pasado 17 de octubre de «Diari de Tarragona» cómo antes de iniciarse el juicio una parte importante de la población estaba ya convencida de la inexistencia de garantías y de graves violaciones de los derechos humanos. «La sentencia dijera lo que dijera era, para muchos, un acto arbitrario de venganza. Pero lo cierto es que es difícil plantear una enmienda a la totalidad a la condición democrática del Estado español», señala el académico.
Castellà recuerda también la defensa de una asociación como Jueces por la Democracia de la sentencia: «El juicio se ha realizado en condiciones de máxima transparencia y garantizando los derechos de todas les partes, la independencia, imparcialidad y nivel técnico del Tribunal no son cuestionables». «En democracia sólo hay un camino, el de la ley, el de la voluntad popular encauzada en un ordenamiento jurídico que tiene cauces para ser cambiado. Sin duda tiene sus límites y sus complejidades, pero fuera del orden jurídico tan solo está el caos, la ley del más fuerte y la arbitrariedad», concluye.
