Dra. Teresa Freixes
Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta del colectivo Citizens pro Europe y académica de número y vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), participó el pasado 13 de marzo en la presentación del «Pacto de profesionales en defensa del Estado de derecho», suscrito por diversas asociaciones profesionales en un acto celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad del CEU Abad Oliva. Tras la exposición de los firmantes, la vicepresidenta de la RAED participó junto a José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial, en un debate conducido por el periodista del diario «El Mundo» Iñaki Ellakuría en el que se incidió en la importancia de preservar los valores constitucionales y sobre los problemas que sufren la administración general del Estado, la administración local y la administración de Justicia.
El pacto está suscrito por la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Abogados del Estado, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de la Seguridad Social y la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local como representantes de cuerpos de funcionarios del Estado y la administración local, jueces y fiscales, y profesionales del derecho. Sus representantes acordaron también crear un comité de coordinación con el propósito de trasladar a la sociedad civil nacional e internacional la importancia de los valores constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, igualdad y separación de poderes, así como la independencia de los cuerpos profesionales, como muestra de su compromiso en la defensa del Estado social y democrático de derecho.
«La crisis del Estado de derecho es ya una evidencia. El discurso político actual está tensando el sistema con sus ataques a fiscales y jueces, incluso desde el propio Gobierno trasladando a la opinión pública que actúan de forma parcial cuando cumplen su función de investigar y perseguir delitos graves», señaló durante la presentación Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, el principal órgano de representación de fiscales, impulsor de esta iniciativa. «Perdonar delitos de corrupción o terrorismo que contravienen la Constitución merman las garantías constitucionales y rebajan los estándares internacionales. Es necesario reaccionar, y la sociedad civil se está movilizando», concluyó la representante de la carrera fiscal.
Por su parte, Freixes incidió en la inconstitucionalidad de la ley de Amnistía. «A mí se me hace muy difícil afirmar la constitucionalidad de una norma cuando los que elaboraron la Constitución de una manera muy explícita dijeron que esa figura jurídica no iba a entrar dentro del texto constitucional. No es que se hubieran olvidado y debamos ahora interpretar si cabe o no cabe, sino hubo una resolución expresa y si hoy en día oímos lo que nos dicen los constituyentes que quedan vivos todos coinciden en que no entra en la Constitución. La posibilidad de una amnistía no estaba en la voluntad de la comisión constituyente», explicó la experta. La académica también insistió en el que este tipo de leyes requieren de dictámenes previos y una mayoría reforzada, porque inciden en el núcleo del sistema democrático.
Freixes explicó que la aprobación de la ley apenas contará con frenos en la vía política, si bien una vez aprobada llegarán los recursos, de distintos tipos, como los de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que en ningún caso paralizarán su aplicación hasta que no se dicte sentencia, y la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sí lo haría, ya que para la experta no se puede producir la paradoja de que existan medidas excepcionales o sentencias firmes contrarias al derecho europeo en el seno de uno de sus estados.
