Teresa Freixes denuncia la dejación de las administraciones en el artículo «Migración, asilo y refugio: reparto de responsabilidades»
Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, académica de número y secretaria general de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), publicó el pasado 30 de enero en el periódico digital «okdiario» el artículo «Migración, asilo y refugio: reparto de responsabilidades», donde reflexiona sobre el papel que están jugando las diferentes administraciones, europeas y españolas, respecto al problema de la inmigración ilegal y la gestión de las personas migradas que han alcanzado la Unión Europea.
Dra. Teresa Freixes
«Los Tratados de la Unión Europea fijan al respecto un marco jurídico claro que, evidentemente, ha de ser ejecutado mediante las políticas comunes que también están descritas en ellos. Pero Polonia y Hungría no quieren poner en peligro las esencias patrias, en Dinamarca, en Holanda, en Baviera o en Baden-Württenberg se ha estado confiscando a los que iban llegando el dinero o los bienes que se consideraban necesarios para sufragar los gastos que generaba su acogimiento, otros Estados han levantado vallas en la frontera o la cierran para impedirles el paso hacia estados del norte que cuentan con una legislación de asilo más generosa o hacia otros países ricos», señala la autora sin esconder su indignación por lo que considera una vulneración de las normas comunes, cuando no directamente de textos con rango legal.
Freixes reconoce que no es fácil gestionar un éxodo que no se conocía en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y pone como ejemplo situaciones como la de un pequeño país, como Eslovenia, con flujos migratorias de más de 3.000 personas por día. «No resulta viable que localidades de 400 habitantes tengan que organizar la acogida de miles de recién llegados sin que se les proporcione la ayuda necesaria, traductores incluidos. Pero sobre todo no queda clara la condición real de demandante de asilo, de refugiado o de simple migrante», considera.
En este sentido, la autora cita el artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: «La Unión desarrollará una política común en materia de asilo, protección subsidiaria y protección temporal destinada a ofrecer un estatuto apropiado a todo nacional de un tercer país que necesite protección internacional y a garantizar el respeto del principio de no devolución. Esta política deberá ajustarse a la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y al Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, así como a los demás tratados pertinentes». «¿Dónde está esa política común? ¿Cómo se define y cómo se aplica, teniendo en cuenta la Convención de Ginebra y el Estatuto de los Refugiados?», se cuestiona.
Para Freixes, la responsabilidad ante la tragedia debe ser compartida. «¿Tanto cuesta darse cuenta de que estamos ante uno de los mayores problemas de este siglo y que debemos hacerle frente? ¿Tan difícil es aplicar lo que ya está regulado? La ciudadanía europea no puede permanecer indiferente. Debe acuciar a sus gobiernos, porque en este momento son ellos quienes, según lo que se dispone en el Tratado, deben acordar las medidas provisionales de emergencia y, en paralelo, adoptar el marco legislativo permanente. No podemos dejar de presionarles, porque el problema va a ser estructural a corto y medio plazo», concluye.
