Antoni Durán-Sindreu, director del Máster en Fiscalidad de la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra y académico de número de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), aborda en el artículo «Inflación y fiscalidad», que publicó el pasado 25 de septiembre en «Dinero», el suplemento de economía del diario «La Vanguardia», la eficiencia y justicia redistributiva de las medidas fiscales y ayudas directas que ha emprendido el Gobierno en estos momentos de crisis, como la reducción del IVA en algunos productos y servicios o la subvención de los combustibles.
«Una parte importante de las medidas aprobadas recientemente por el Gobierno para luchar contra la inflación, son ayudas, directas o indirectas, a los ciudadanos: bonificación al gasóleo, reducción del IVA, bono de 200 euros, ayudas al transporte, incremento del ingreso mínimo vital, etc. Como ayudas que son, su coste lo pagamos a través de los impuestos. Por ello, estas requieren un minucioso estudio. En este contexto, creo que coincidiremos en que los principales beneficiarios han de ser las personas vulnerables, esto es, aquellas en riesgo de exclusión social. Pues bien, una ayuda general, como la bonificación del gasóleo, es una medida no selectiva y regresiva al no discriminar en función de la renta de su beneficiario. Lo mismo ocurre con la reducción del IVA a la electricidad y con las ayudas al transporte», inicia su reflexión.
Para el académico, la medida más justa hubiera sido deflactar la tarifa del IRPF con efectos inmediatos a través de la disminución de los tipos de retención. Una medida que, para Durán-Sindreu, además de ser progresiva, contribuiría a no empobrecer más al ciudadano a consecuencia de la inflación. «La inflación afecta a todos y el Gobierno se está beneficiando de la recaudación ‘caída del cielo’ derivada de la inflación, y cuyo destino ha de ser, también, cubrir el mayor gasto público que el Estado ha de afrontar», señala el experto.
Durán-Sindreu forma parte del nuevo Consejo Asesor en Política Económica de Cataluña creado por el conseller de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, y presidido por el catedrático de Economía Pública de la Universidad Pompeu Fabra Guillem López Casasnovas. Este organismo consultor celebró su primera reunión el pasado 28 de julio para analizar la situación de la economía catalana, española y europea y sentar las bases de su misión.
Asimismo, también fue designado miembro del grupo de expertos tributarios designados por la patronal Fomento del Trabajo para analizar y elevar propuestas propias al comité de expertos creado por el Ministerio de Hacienda, que tiene como objetivo analizar el sistema fiscal para mejorar su eficiencia, garantizar los recursos públicos y adaptarlo a los retos del siglo XXI y elaborar el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria. El fin último de este grupo es buscar fórmulas para conseguir una armonización impositiva de los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones y una reforma de sociedades en todo el Estado. Si bien la regulación de estos tributos es estatal, su aplicación es competencia de las comunidades autónomas.