Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta de Citizens Pro Europe y académica de número y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), participó el pasado 5 de mayo en el foro «El Estatuto de Ciudadanía Europea: la evolución», celebrado en la sede del Parlamento Europeo en Madrid, con la conferencia «Hacia un Estatuto Europeo de Ciudadano. Reforma de los Tratados, sí o no». Convocado por el grupo parlamentario europeo Renew Europe, el acto contó también con la participación de Raquel Rodríguez, vicepresidenta del Consejo General de Enfermería; Nieves Moralejo, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid, y Teresa Hergueta, coordinadora de la Violencia contra la Mujer, Menores y Asistencia Social de la Subdirección General de Protección y Asistencia Consular. La sesión estuvo convocada y liderada por la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, vicepresidenta de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, quien ya promovió en el Europarlamento sistematizar todas las referencias a la ciudadanía dispersas a lo largo de los Tratados europeos y sus Protocolos en un novedoso Estatuto de Ciudadanía.
Para la académica y vicepresidenta de la RAED, las instituciones europeas y los gobiernos de los países miembro deben fortalecer los lazos que unen a ciudadanos con instituciones, integrando a los residentes de terceros países arraigados en la Unión, facilitando que esa Europa verde y esa Europa digital que está ahora en el centro de las políticas europeas se sustente sobre las personas, facilitando la conexión con la sociedad civil y adoptando ese Estatuto de Ciudadanía que organice sistemáticamente los derechos vinculados a esa ciudadanía nueva y la dote de mejores garantías de eficacia para que la UE pueda conseguir sus objetivos en el marco del respeto a los valores de Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos que la han presidido desde sus orígenes.
«En los Tratados europeos, la ciudadanía va siendo objeto de regulaciones que le confieren derechos. Por ejemplo, cuando regulan la vida democrática de la Unión se dispone que las instituciones facilitarán que los ciudadanos y las asociaciones que les representen puedan expresar su opinión ante ellas, para que se pueda dar un diálogo abierto, transparente y regular con las organizaciones representativas y la sociedad civil, incluso organizando consultas. También se regula la denominada iniciativa legislativa ciudadana, consistente en poder proponer que la Comisión Europea elabore una norma a partir de la petición de un millón de firmas de ciudadanos europeos recogidas en un número significativo de Estados miembros», detalló Freixes sobre el papel ya reconocido de los ciudadanos en el funcionamiento de la Unión cuando Citizens Pro Europe participó en la Conferencia sobre el futuro de Europa organizada por la Comisión Europea en mayo de 2021.
Este colectivo ciudadano defendió entonces que las instituciones europeas y los gobiernos de los países miembro deben fortalecer los lazos que unen a ciudadanos con instituciones, integrando a los residentes de terceros países arraigados en la Unión, facilitando que esa Europa verde y esa Europa digital que está ahora en el centro de las políticas europeas se sustente sobre las personas, facilitando la conexión con la sociedad civil. «Es en el marco europeo donde, juntamente con el marco nacional, regional o local, la sociedad civil puede desarrollar con eficacia el conjunto de derechos que podríamos considerar como derechos de ciudadanía -señaló la académica-. La ciudadanía ha estado también en el centro de las preocupaciones económicas de la UE, a través del Comité Económico y Social o del Comité de las Regiones, pues la integración europea no afecta sólo a los representantes políticos, sino a los propios europeos, que han de tener un papel más destacado y activo en el establecimiento de las prioridades».