Dr. Josep Moya
Josep Moya, psiquiatra especializado en personas en situaciones de vulnerabilidad y académico electo de la Real Academia Europea de Doctores (RAED), participó el pasado mes de mayo en la sesión «El rol de la Fiscalía en la prevención y detección de desasistencia y abusos a personas mayores», organizada por la Fiscalía General del Estado junto a María Rosa Rubio, fiscal delegada de Derecho Civil y de Discapacidad y Mayores de Canarias. La sesión, incluida en el ciclo «Viernes Formativos» del Ministerio Fiscal a través de su canal virtual, tenía como objetivo analizar del papel de la Fiscalía en la prevención y detección de desasistencia y abusos a personas mayores.
Los dos expertos destacaron el papel crucial que tiene la Fiscalía en la protección de las personas mayores ante situaciones de vulnerabilidad, especialmente considerando que España cuenta con aproximadamente 10 millones de personas mayores de 65 años. De ellas, unos tres millones se encuentran en situación de dependencia, reconocida administrativamente o no, y más de medio millón padece demencia moderada o grave. Las proyecciones para 2050 indican que esta cifra podría superar los 15 millones, con 8 millones de personas dependientes y cerca de un millón con demencia.
El actual marco legal español otorga al Ministerio Fiscal una posición central para coordinar esfuerzos entre diversas instituciones y garantizar el apoyo necesario para prevenir el maltrato y la desatención, y en este sentido son los fiscales quienes tienen la responsabilidad, legal y moral, de canalizar los casos que consideren oportunos hacia la vía judicial, especialmente para aquellos en los que no existe un entorno familiar cercano a las personas vulnerables.
En la atención a este colectivo creciente intervienen también otras instituciones públicas, empresas de servicios esenciales del sector privado y el propio entorno familiar y comunitario, que tienen como referencia a la Fiscalía para recibir comunicaciones sobre situaciones de presunto abuso, desatención o necesidad de apoyo no cubierto.
Para Moya y Rubio, esta posición central del Ministerio Fiscal exige un liderazgo activo que garantice la coordinación y la adecuada canalización de cada caso hacia la vía judicial cuando proceda. Esta responsabilidad se acrecienta en el caso de personas mayores sin entorno cercano, para quienes la Fiscalía se convierte en el último recurso institucional capaz de velar por sus derechos cuando las demás vías se agotan sin el respaldo de una resolución judicial.
Moya es psiquiatra y psicogeriatra del Servicio Especializado de Atención a las Personas Mayores del Baix Llobregat y del Centro de Intervención Psicológica y Análisis Social, fundador del Observatorio de Salud Mental y Comunitaria de Cataluña y un gran conocedor del sistema sanitario y sociosanitario catalán.
