Eva Poptcheva
Eva Poptcheva, eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y colaboradora de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), reflexiona sobre el decisivo papel que ha acabado teniendo la Comisión Europea en el acuerdo entre PSOE y PP que ha permitido el desbloqueo de la renovación de vocales en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la apertura de un modelo de elección con menores injerencias del poder legislativo en la elección del órgano de gobierno de los jueces en el artículo «La Comisión Europea ha hecho lo que tenía que hacer con el CGPJ», publicado el pasado 29 de junio en el diario digital The Objective. Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Barcelona, Poptcheva es articulista habitual de este medio, en el que aborda asuntos de política nacional e internacional.
Comisión Europea, Bruselas
«Algunos críticos ven en el papel de la Comisión Europea una injerencia indebida, un tutelaje intrusivo en un asunto que consideran estrictamente nacional. Es falso. Aquellos que defienden este postulado ponen de manifiesto su profundo desconocimiento del nivel de integración de España en la Unión Europea y las implicaciones que ello tiene en el ordenamiento jurídico español», inicia la articulista su argumentación, incidiendo en que, como organización supranacional, el derecho europeo tiene primacía sobre el derecho nacional de los estados que la componen y no cabe interpretar los ordenamientos jurídicos de los países de la Unión Europea por separado.
Para la experta, si bien la Comisión puede iniciar un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra un Estado miembro por incumplimiento del Derecho comunitario, lo habitual es tratar de encontrar soluciones negociadas a partir del informe sobre el Estado de derecho que realiza anualmente sobre cada uno de los 27 miembros. En este sentido recuerda cómo en el último informe sobre España, publicado en julio de 2023, la Comisión instaba a España a renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial de forma urgente, a reformar el nombramiento de los vocales para cumplir con los estándares europeos y a fortalecer el estatuto del fiscal general para asegurar la independencia y la autonomía de la fiscalía.
«Si no se hubiera producido este acuerdo para avanzar hacia la despolitización del Consejo General del Poder Judicial, la Comisión habría podido iniciar un procedimiento de infracción contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al haber comprobado de primera mano quién era el que se negaba a reformar el nombramiento de los vocales del CGPJ y a despolitizar la figura del fiscal general del Estado», concluye la eurodiputada, muy crítica tanto con las políticas como con la comunicación del Ejecutivo respecto a estas negociaciones.
