Bernardo Rabassa, presidente de honor y de Relaciones Exteriores del Club Liberal Español, presidente de la Fundación Instituto Europeo para la Comunicación Social y colaborador de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), analiza el futuro de la economía a la luz de la actual crisis, de los modelos regulatorios y de la constante búsqueda de la justicia redistributiva a lo largo de las últimas décadas en el artículo «El Estado, las criptomonedas y las leyes en la sociedad», que publicó el pasado 5 de diciembre en el diario digital Diariocrítico. Reconocido sociólogo y psicólogo social, escritor y comentarista, Rabassa fue fundador del Partido Liberal y de Unión de Centro Democrático (UCD), es miembro de Alianza Liberal Europea y entre los reconocimientos que ha recibido a lo largo de su trayectoria profesional y personal destacan el Premio 1812, el Premio Ciudadano Europeo y la Medalla al Mérito Cultural de la Real Liga Naval Española.
«La pregunta sobre cómo se construye una sociedad justa ha encontrado una variedad de respuestas. En consecuencia, se han elaborado un conjunto de teorías que intentan explicar cómo los criterios sostenidos por unos y otros toman forma en el desempeño y comportamiento de la estructura básica de la sociedad. Pero, ¿qué es exactamente lo que las teorías de la justicia regulan? Este es un cuestionamiento que vale la pena abordar antes de iniciar con la descripción de cualquiera de ellas. Según Jon Elster, una primera respuesta aproximada es el sistema de libertades y obligaciones y la distribución de los ingresos. Con diversos enfoques, la mayoría de las teorías coincide con este planteamiento. Es necesario aclarar que al hablar de la distribución de los ingresos nos referimos tanto a la distribución directa de los impuestos, transferencias y subsidios, como a la distribución de los ingresos que se generan por los recursos productivos o los que se generan por el consumo de artículos o bienes personales», reflexiona el experto.
Para Rabassa, las teorías de la justicia que se han elaborado a lo largo del siglo XX difieren en la importancia que dan a esta clase de bienes, y si para la corriente utilitarista el bienestar es fundamental, para otros pensadores los bienes moralmente relevantes son las aptitudes básicas. Este es un debate que, en un momento en el que la población mundial ha superado los 8.000 millones de personas y en plena crisis climática, se ha reactivado. «La noticia ha vuelto a agitar a los observadores que ven el crecimiento de la población como una amenaza para el desarrollo y el medio ambiente. La realidad es mucho más tranquilizadora porque hemos forzado las limitaciones de la escasez, escribe Alberto Mingardi en su análisis para ‘L’Economia’ de ‘Corriere della Sera’, inventando soluciones que nos permiten producir más alimentos y crear más riqueza. Obviamente, sucede que hay individuos o familias a las que alguna vez les fue mejor que ahora, pero en general el pastel ha crecido, no tuvimos que luchar para obtener una tajada», añade.
El colaborador de la RAED aborda también el hundimiento de los criptoactivos a raíz del descalabro de la gestora estadounidense FTX, poniendo en cuestión el modelo de una nueva economía descentralizada y sin control de ningún regulador y, asimismo, el coste que actualmente supone para las empresas las regulaciones. «¿Cuántos recursos humanos deben dedicar las empresas estadounidenses para garantizar el cumplimiento normativo? -se cuestiona Rabassa-. En promedio, estas funciones representan el 1,34% del gasto de personal, pero con una tendencia en forma de U invertida: las empresas medianas, con alrededor de 500 empleados, son las más afectadas por las cargas fiscales estatales. Me temo que en España esto será mucho más, dada la voracidad fiscal del Gobierno».